Ana Abengózar
01/04/2016
 |
| Ana Isabel Abengózar, diputada regional, (Fotografía de 'psoecr.es') |
La socialista traslada un mensaje de tranquilidad y reitera que la intención de los socialistas es que el servicio que prestan los sacerdotes y capellanes en hospitales o residencias públicas "no tenga que pagarlo el sistema sanitario público de Castilla La Mancha".
La diputada Regional del PSOE, Ana Isabel Abengózar, ha manifestado su "indignación" ante las "continuas mentiras de los dirigentes 'populares' a los que les ha recordado la importancia de la "responsabilidad política". Abengózar ha respondido a Lola Merino en referencia a la "eliminación de la obligación de financiar con dinero público los servicios religiosos en el ámbito de la sanidad, la educación o el bienestar social" y le ha recordado que "el Partido Socialista en el pasado, en el presente y en el futuro es defensor de las libertades, de todas, incluida la religiosa".
De una manera clara, la parlamentaria socialista ha querido trasladar un "mensaje de tranquilidad" ya que tal y como ha indicado "la proposición no pretende en ningún caso privar de atención religiosa a los ciudadanos de Castilla-La Mancha". Así, Abengózar ha recalcado que la intención del PSOE es que dicho servicio que prestan los sacerdotes y capellanes en hospitales o residencias públicas "no tenga que pagarlo el sistema sanitario público castellano-manchego".
En este sentido, la parlamentaria socialista ha lamentado que "el Partido Popular quiera demostrar que solo él defiende el catolicismo cuando no es cierto", y ha subrayado que "los socialistas defendemos la libertad religiosa". Abengozar ha aclarado que "en ningún momento los socialistas hemos hablado de quitar de los servicios públicos de la Junta de Castilla-La Mancha nada que tenga que ver con la religión".
Y ha indicado que de lo que se trata es de "por qué tiene que ser la comunidad autónoma la que abone estos servicios" que suponen a Castilla-La Mancha 425.000 euros por lo que ha detallado" pedimos que se pague y que se negocie con el Estado" ha matizado.
La proposición aprobada este jueves en las Cortes regionales insta al Gobierno de España a garantizar la libertad de cualquier persona a recibir atención religiosa "sin discriminación de ningún tipo".
