APDHA
Campo de Gibraltar
En el anterior Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur ya poníamos de relieve las incoherencias y vulneraciones de la legalidad internacional que representaba esta modificación. No obstante, conviene recordar que, en relación con los posibles solicitantes de asilo, las devoluciones en caliente incumplen todas las garantías en relación con estos procedimientos pues impiden a los afectados presentar la solicitud de protección internacional y que sus circunstancias personales en cuanto a la valoración de la posibilidad de que corran riesgo en su país de origen sean tenidas en cuenta. Las devoluciones en caliente son, en realidad, expulsiones colectivas de las prohibidas en el artículo 19 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en artículo 4 al Protocolo 4º al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
De hecho se han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dos demandas contra España por la ejecución de devoluciones en caliente al considerar que las mismas vulneraban el citado artículo 4 del Protocolo 4º al CEDH. Ambas demandas fueron admitidas a trámite por el TEDH y se espera su resolución.
El trato dispensado a los sirios que habían logrado entrar en Ceuta y Melilla durante los meses previos a la explosión mediática de la cuestión de los refugiados, ponía en evidencia el escaso interés que el Gobierno español mantenía en la garantía del derecho de asilo.
Una de las vías para solucionar esta situación fue la de habilitar una Oficina de Asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla si bien el control del acceso quedaba en manos de la gendarmería marroquí lo que suponía otro paso más en la externalización del control migratorio que España ha desarrollado e impedía un ejercicio ecuánime y adecuado del derecho de asilo.
Con estos planteamientos no es de extrañar que las cifras de solicitudes de asilo y de concesiones en España sean sensiblemente bajas, pese a constituir la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano.
