APDHA
Campo de Gibraltar
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| Demandante de asilo sirios en el CETI de Melilla. (Foto 'El País') |
Si el papel de la Unión Europea durante el proceso en relación con el derecho de asilo ha mostrado las insuficiencias del sistema y ha planteado que el derecho de asilo se haya convertido en papel mojado, el comportamiento del gobierno español incide en las mismas carencias. En efecto, España ha demostrado, una vez más, su posición reaccionaria y vulneradora del derecho de asilo. Una posición contraria a los derechos humanos hace referencia a los conceptos y también a las cifras.
Por una parte, el mensaje público que manejó el Gobierno durante los primeros meses de la crisis de los refugiados fue el de vincular a las personas que escapaban de Siria con el terrorismo yihadista, advertir del riesgo de que un día “pusieran una bomba en cualquier ciudad española”, calificarlos de ‘goteras’, señalar que la acogida de los refugiados plantearía un “efecto llamada” y poner trabas al primer acuerdo de la Unión Europea de reubicación de los refugiados.
Esta postura resulta absolutamente coherente con los planteamientos ha desarrollado en la materia. Coherente porque sólo unos meses antes había logrado aprobar en el Parlamento la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en cuya Disposición Final Primera se incorporaba una nueva Disposición Adicional Décima en la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, con la intención de tratar de hacer legales las devoluciones ‘en caliente’ practicadas, durante años, en Ceuta y Melilla.
