Manuel Puerto Ducet
Víctimas propiciatorias y «esquilmadores» impunes
La de BANIF es una vasta historia, que en su etapa pre-Botín — y tal como anticipé — pudo presumir de garbanzo negro en la persona de Jaime Soto López-Dóriga, quien tras utilizar a la entidad de plataforma para saltar como consejerodelegado al Banco Hispano Americano y situarlo al borde de la suspensión de pagos, se alió con el incalificable Manolo de la Concha, Síndico- Presidente de la Bolsa de Madrid, para fundar Ibercorp y montar un nuevo expolio que estalló en 1992. Abusando de la confianza que el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, depositara en la persona de De la Concha, fue elegido como coartada y a la vez como cabeza de turco para diseñar una auténtica chapuza financiera. Jaime Soto sufrió sin duda el síndrome de la ambición sin freno, que es el castigo bíblico que un año más tarde haría estragos en la persona de su buen amigo Mario Conde. Uno de los directos damnificados de Ibercorp fue Juan Antonio Ruiz de Alda, que vivió con inmensa tristeza los últimos meses de su vida —cercenada por un fatal accidente— a causa de la traición de Soto, que lo había acompañado desde la fundación de BANIF.
Es de justicia romper una lanza en favor de Mariano Rubio. El participar en una sociedad familiar domiciliada en el extranjero no es a priori ningún delito. Determinados medios de comunicación al servicio de intereses políticos consiguieron hacer creer a una pintoresca opinión pública que mantener participaciones fuera de España —integrado en un grupo familiar— es en sí mismo sinónimo de corrupción. Tras el revuelo mediático y múltiples presiones políticas, una mediatizada justicia solo pudo condenar a Rubio por tráfico de influencias. Este era un novedoso delito incluido en el Código Penal, apenas cuatro años antes, y que de haberse aplicado con retroactividad hubiera acabado con todos los políticos, grandes empresarios y altos funcionarios en la mazmorra. Mariano Rubio había depositado toda su confianza en su viejo amigo Manolo de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid, que desde Ibercorp gestionaba su cartera de valores. De la Concha tenía conferido poder por parte del titular y podía, por tanto, hacer y deshacer a su antojo. El auténtico delito de Mariano Rubio fue confiar en quien decía ser su amigo, que haciendo un uso inicuo de la confianza otorgada, utilizó la cartera de valores del Gobernador y la de otros clientes como plataforma para montar una burda estafa. Si en BANIF se hubiera producido un suceso similar al de Ibercorp —habida cuenta de que allí se administraban las carteras de las más altas personalidades del reino—, podría haberse provocado una crisis institucional de dimensiones y consecuencias imprevisibles.
Manolo de la Concha no era un broker cualquiera; era un fedatario público, que había dejado la presidencia de la Bolsa de Madrid para fundar Ibercorp y conseguir una ficha bancaria — aprovechándose de un inmerecido prestigio institucional — para perpetrar a partir de estas credenciales una premeditada estafa. A Jaime Soto, a Manolo de la Concha y a su socio Benito Tamayo, les correspondía cumplir Manolo de la Concha. ¡Dios santo la que lió! una condena entre 15 y 17 años, pero… ¡oh, casualidad!, durante los siete que duró el proceso, desapareció el cargo de falsedad y fueron condenados a un año de prisión.
Del caso Ibercorp derivó otro delito fiscal imputable a Rubio y ya he dicho que tal circunstancia era cuasi inevitable para la inmensa mayoría de políticos y altos cargos, cuya vida había transcurrido a caballo entre la dictadura y la transición. Al no haberse producido la ruptura con el franquismo, el continuismo tras un régimen autocrático siempre conlleva inconvenientes. Durante cuarenta años, poca gente hacía declaración de renta y la mayoría de quienes la hacían falseaban sus datos. El relajo era todavía mayor entre los afectos al Régimen, que, en su tiempo, tenían en todo momento las espaldas bien cubiertas. Si surgía algún problema, no tenían más que llamar al subsecretario correspondiente, antiguo camarada y asunto liquidado.
