Manuel Puerto Ducet
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| Emiliano Revilla, fue propietario de 'Chorizos Revilla' cuya venta fue polémica. Secuestrado por la banda ETA. |
Infructuosa lucha por la decencia
La velada amnistía fiscal de 1991 amparada en la «deuda especial» me enfrentó con el nuevo Consejero Delegado. La decisión de facilitar a la Agencia Tributaria las listas de los clientes invertidos en cesiones de crédito planteaba un problema añadido en un BANIF repleto de personajes ilustres. Presionado por ellos, Javier de San Pío decidió eliminar de las listas a unos cuantos elegidos, aprovechando que los datos que poseía la Agencia Tributaria sobre el volumen total de las operaciones en dinero negro era inferior al real. Los más preocupados ante aquella situación de emergencia fueron los políticos, a quienes el tránsito desde la dictadura y la reforma fiscal de Fernández Ordoñez les había apagado la luz. La presión ejercida por personajes como Marcelino Oreja —que paseaba su perro por Juan Bravo y se cruzaba diariamente con el interfecto— o los ahorros opacos del difunto padre de Alberto Ruiz Gallardón —que fueron preservados sin que nadie lo solicitara — hizo que pudieran embarcar en el último bote del Titanic, ocupando el lugar de la mayoría de los clientes de Cataluña, que fueron abandonados a su suerte.
Estos políticos eran también víctimas de las circunstancias; tras cuarenta años de ¡viva la Virgen!, en donde nadie se paraba a pensar si el dinero era blanco o negro, la clase política se enfrentaba a una papeleta que en caso de ventilarse podía afectar gravemente a su carrera. Los ciudadanos de a pie pudieron acogerse sin problemas a la amnistía fiscal que planteó Fernández Ordoñez, pero los políticos no tenían salida; hicieran lo que hicieran, podían en cualquier momento ser puestos en la picota. Si se acogían a la amnistía, mostraban que hasta entonces no habían sido del todo ejemplares y, si no se acogían y eran descubiertos, mucho peor. Es uno de los mil inconvenientes que se suscitan, cuando un país de la noche a la mañana pasa a ser demócrata de toda la vida por decreto; no hay redención posible. Uno de los damnificados por tal circunstancia fue Mariano Rubio, que acabó pagándolo muy caro. Su caso no tiene desperdicio y lo trato en posterior capítulo.
Desde una visión global y atendiendo a sus repercusiones fiscales, cabe considerar lo anterior peccata minuta, comparado con lo que se dio en llamar «ingeniería financiera» y que ha venido constituyendo la mayor fuente de ingresos para la banca de inversión. Consiste en la utilización de los instrumentos de inversión colectiva para aflorar dinero negro, cerrándose el circuito con la consiguiente operación generadora de minusvalías fiscales ficticias y aportando al mismo tiempo suculentos beneficios para el mediador. Los grupos bancarios poseen gran cantidad de sociedades de cartera, domiciliadas tanto en territorio nacional como en el exterior — especialmente en Mónaco, Suiza y Luxemburgo—, el control sobre estas sociedades, con cotización en distintas bolsas, es total —al ser poseedores del 100% de sus acciones—.
A través de distintas aplicaciones, con la titularidad muchas veces de los propios empleados —conocidos en el argot como «mariachis»—, se provoca una bajada en la cotización de una determinada sociedad de cartera. Los clientes interesados en aflorar dinero negro compran las acciones; con nuevas aplicaciones se vuelve a llevar la cotización a máximos y a continuación los titulares proceden a venderlas, consiguiendo de esta manera unas plusvalías fiscales ficticias, que permiten aflorar dinero negro a un coste razonable. En contrapartida y para completar el ciclo, las acciones que los primeros titulares han vendido a precios máximos son compradas por los interesados en realizar minusvalías fiscales. En este punto, se procede a bajar de nuevo la cotización y estos últimos venden sus acciones, materializando la correspondiente pérdida ficticia. En operaciones de gran envergadura, se recurre a una ampliación de capital de una SIM o una SICAV; los interesados adquieren los derechos de ampliación, suscriben las acciones y pasados unos días las venden, consiguiendo por esta vía idénticos resultados.
Todavía era más escandaloso cuando la venta de los derechos de ampliación estaba exenta de tributación. Algunos recordarán la venta de la empresa Revilla, famosa por sus chorizos y por el secuestro de su propietario. La operación de venta se realizó a través de una ampliación de capital y la propiedad fue transmitida a través de los derechos de suscripción. Revilla obtuvo una plusvalía multimillonaria sobre la que las arcas públicas no recibieron ni un solo centavo. A partir de este escandaloso suceso, España fue invitada a modificar la tributación de estos derechos.
