jueves, 27 de julio de 2017

'Oligarquía financiera y poder político en España' - A. Sáenz (023)

Manuel Puerto Ducet

ZP escuchando las 'recomendaciones' del "Puro Amo"; y es que falta mucha historia de ZP por conocer.

Mutación inmobiliaria 

Recuerdo, con contenida emoción profesional, los días en que pusimos en marcha el primer fondo inmobiliario español «InmoBANIF» y la escrupulosidad con la que trabajamos al tratarse de un producto novedoso, conscientes de que podía llegar a ser una referencia de futuro. Analizamos rigurosamente cada uno de los inmuebles que iban a integrar la cartera; la mayoría, edificios singulares que fueron adquiridos en condiciones ventajosas, aprovechando las especiales circunstancias del mercado a mediados de los ochenta. Aplicamos unos criterios de máxima seguridad y adecuada rentabilidad, incluyendo un porcentaje de activos dinámicos para dotarlo de una liquidez que triplicaba el mínimo exigible y que suele ser el talón de Aquiles de este tipo de fondos. 

Un producto ideal para clientes conservadores que pudieran permitirse consolidar una inversión a medio plazo y en concordancia con los flujos previamente diseñados. Este fondo embrionario se fusionó en 1988 con Vallehermoso (entonces empresa del grupo) y la Corporación Inmobiliaria Hispamer, aportando un patrimonio en inmuebles de 38.000 metros cuadrados en las mejores zonas y una cotización en Bolsa del 1.080%. Aprovechando la buena imagen de su ancestro y con la vana pretensión de emularla, Botín acometió la aventura con su «BANIF Inmobiliario», pero, a diferencia del que fuera pionero en España, el estallido de la crisis dejó al descubierto una cartera de inmuebles que era un auténtico despropósito, con opacos in-El «puro» amo. 

Intercambios entre empresas del grupo, que dejaron todas sus vergüenzas al descubierto. Una cosa es el estallido de una crisis —cuya magnitud por otra parte despreciaron—, y otra bien distinta es que una cartera de inmuebles se asemejara más a una colección de sepulcros blanqueados. La Fiscalía considera que BANIF Inmobiliario se utilizó como un fondo «especulativo», que vendió inmuebles a «precios simulados», lo que constituye un claro delito de «estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas». El fiscal acusa además a la entidad de «utilizar información privilegiada para favorecer la salida del fondo de un grupo de elegidos partícipes, al valor liquidativo más alto». 

Para pagar a estos privilegiados —habida cuenta de su invendible cartera inmobiliaria—, el Banco de Santander concedió al Fondo un préstamo de 170 millones de euros, con un interés referido al euribor, más 300 puntos básicos (muy superior al precio de mercado); importe que, junto a sus intereses, verán deducido los más de 15.000 clientes afectados, cuando dentro de varios años recuperen, en el mejor de los casos, la cuarta parte de su inversión. O mucho cambian las cosas o no hace falta ser un lince para adivinar el fallo de los tribunales con respecto a Botín: prescripción del delito o absolución con leve regañina por parte del presidente del tribunal. 

Tras el indulto concedido por el gobierno a su consejero-delegado Alfredo Sáenz —al haber acusado falsamente a unos empresarios, provocándoles graves daños—, la moral de Emilio Botín se ha venido arriba. Ya nadie puede discutir que levita permanentemente por encima del bien y del mal y que su impunidad es superior a la del rey. Claro que los norteamericanos no están sujetos a estas servidumbres y, allí, la Fiscalía lo ha identificado como delincuente y el juez ha decidido procesarlo. Me temo que todo se reducirá a dinero y el cántabro superará este obstáculo sin mayores problemas, ya que serán al final los propios accionistas del Banco quienes corran con los gastos. 

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, Botín decidió que los citados familiares y allegados recuperaran su inversión, para lo cual mantuvo artificialmente durante unos días la cotización de BANIF Inmobiliario, mientras se producían los rescates. Una vez cubierto este objetivo, procedió a efectuar una nueva tasación a la baja, valorando los inmuebles a precios de mercado, con el consiguiente perjuicio para el resto de clientes sin pedigrí, que de la noche a la mañana vieron sus ahorros encerrados en un corralito, con una previsión de pérdida en euros constantes, superior al 35% y dejando claro una vez más que la única ley que funciona en España es la del embudo.