Gabriela Sánchez / Fátima Caballero
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| CIE de la Piñera en Algeciras. |
Manuela Carmena quiere lograr el cierre del CIE de Madrid desde dentro. La mesa de trabajo del Ayuntamiento sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche ha presentado una serie de medidas concretas encaminadas a vaciarlos: disminuir el número de personas encerradas y el tiempo de estancia en ellos y, mientras, proporcionar un mayor control del respeto de los derechos fundamentales en su interior. Para ello, el Consistorio ofrece viviendas municipales en sustitución de la privación de libertad y plantea que los trabajadores sociales estén presentes durante todo el proceso del internamiento.
Hace más de un año, los denominados Ayuntamientos del cambio declararon la guerra a los Centros de Internamiento para Extranjeros. La primera en pasar a la acción fue Ada Coulau, que exigió al Gobierno central el blindaje del CIE de Zona Franca alegando que está construido sobre un terreno municipal que requiere de licencia de actividades. Si bien el Consistorio de Barcelona no ha dudado en acudir a la vía judicial, la batalla de Carmena es más diplomática: busca ofrecer diversos mecanismos municipales para, dentro de sus competencias, evidenciar que estos centros no son necesarios.
Según el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es y en el que han colaborado varias ONG como SOS Racismo, el Ayuntamiento de Madrid "expresa de forma clara su posición a favor del cierre del CIE de Aluche", pero "mientras se produce este hecho" proponen objetivos y medidas concretas para ser aplicadas dentro de sus competencias antes, durante y después del internamiento para "garantizar y preservar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de libertad" en este centro.
En primer lugar, el Consistorio busca disminuir el número de personas extranjeras internadas con el objetivo de que la privación de libertad solo se utilice como "medida excepcional". Para alcanzarlo, el equipo de Manuela Carmena propone asignar al Servicios de Asesoramiento a Jueces e Información al detenido y su Familia (SAJIAD) la función de "realizar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular" que pasen a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla. Para poder garantizar esta labor, el Ayuntamiento asegura que dotará de "un número de trabajadores sociales suficiente" al SAJIAD.
Además, el Ayuntamiento ofrece viviendas municipales o recursos habitacionales acordados con determinadas asociaciones, con el objetivo de que los jueces y juezas de instrucción "puedan evitar el internamiento del ciudadano". En este sentido, proponen que los magistrados dispongan de "los recursos necesarios" para que puedan concluir que quienes no tengan el arraigo suficiente "pasen a residir" en una vivienda hasta la resolución de su expediente de expulsión.
En esta línea, para mejorar la asistencia letrada de los extranjeros sobre los que la Policía solicita el encierro en estos centros, el Ayuntamiento plantea llegar a acuerdos con el Colegio de Abogados de Madrid para poder ofrecer sus informes sobre arraigo a los abogados de estos.
Las medidas planteadas por Carmena durante el internamiento buscan que el tiempo de detención sea "el menor posible". Para ello, el Ayuntamiento plantea meter en el CIE de Aluche a dos o tres trabajadores sociales municipales con la finalidad de "realizar seguimiento" de la situación personal y administrativa de las personas que allí se encuentran. La introducción de trabajadores municipales en el centro depende del permiso del Ministerio del Interior.
Según los planes del Consistorio, sus servicios sociales "realizarán un seguimiento a los internos e informarán a los órganos judiciales que acordaron el mismo de cualquier circunstancia" que no fuese valorada y que pudiese suponer la finalización del internamiento. "Los servicios sociales del Ayuntamiento deberán facilitar y asistir a las personas internadas en todas aquellas actuaciones que no puedan realizar al tener limitada su libertad", describe el plan de Carmena.
El Ayuntamiento también pretende acordar con la dirección del CIE los servicios médicos del Consistorio (Madrid-Salud y SAMURPC) puedan prestar dentro del CIE asistencia médica en el ámbito de sus competencias.
La introducción de personal municipal en el CIE de Madrid podría servir como una herramienta de control en relación a los abusos y vulneraciones de derechos humanos que llevan siendo denunciados desde hace años por las ONG especializadas. "Cuando los servicios sociales tengan noticias de cualquier hecho de violencia de género, racismo, homofobia, malos tratos y otros abusos contra las personas internadas lo pondrán inmediatamente en conocimiento de los jueces y de los abogados de las personas internadas", apunta el informe.
También hay propuestas concretas para cuando se dictamine que un interno debe abandonar el CIE. El Ayuntamiento de Madrid quiere tener un "conocimiento completo" de la situación social de los internos "para poder ofrecerles los recursos adecuados en el momento de su salida, cuando carezcan de ayudas y apoyos familiares". Para esta tarea tienen el papel principal los servicios sociales de Carabanchel, que serán los encargados de recoger esa información, para "poder preparar los recursos que precisen".
Asimismo, será esta la oficina encargada de informar al Samur social si alguna de las personas necesita asistencia. Además, serán los encargados de realizar informes estadísticos de las personas que pasan por el CIE, es decir, conocer el género, la edad, la nacionalidad de las personas, el tiempo de internamiento y su trayectoria una vez fuera del centro de internamiento. Con este último dato el Ayuntamiento de Madrid quiere "valorar" si el internamiento "fue necesario" y "guardó proporción con esa medida limitadora de libertad".
