Javier Ramajo
Asistencia humanitaria en lugar de privación de libertad
Según considera Maribel Mora, las personas que se internan en los CIE de Algeciras, en el caso de las mujeres, y Tarifa, provienen en su gran mayoría de pateras, muchas de las mujeres son potenciales víctimas de trata, tal y como lleva reflejando la sociedad civil y se apunta en los informes anuales la Defensoría del Pueblo. "Muchos subsaharianas que posteriormente no podrán ser expulsadas", comenta a este periódico. Mora añade que en muchos de los países de procedencia "existen cruentos conflictos armados o no son países seguros por la violación sistemática de derechos humanos, o no existen convenios de repatriación con ellos". "Es decir, estamos internando a personas que no debieran ser internadas sino protegidas y que son inexpulsables". "¿Cómo es posible que, si el internamiento es para llevar a cabo una expulsión, se esté internando a personas que no van a poder ser expulsadas?. Se usa el internamiento no para expulsar sino para documentar, lo que además de contradecir la Ley.
"Lo lógico es que hubiera muchas más peticiones de protección internacional o asilo. Lo que debemos preguntarnos es qué falla", añade Mora, que detalla también que "no existe convenio con el Colegio de Abogados de Cádiz para que los internos tengan un servicio de asistencia jurídica como establece el Reglamento de los CIE, y que la asistencia de interprete es muy deficiente, algo que es muy importante para cuestiones como garantizar el derecho a asistencia médica o el derecho de defensa".
"No tiene sentido seguir internando en los CIE de frontera a personas que provienen de pateras, naufragios, víctimas de trata o menores. El modelo de CIE ha fracasado en el estado español como así lo ha reconocido el propio Ministerio del Interior", concluye.
De países "de acreditada inestabilidad"
Por otro lado, y según explica Jesús Mancilla, miembro del equipo jurídico de Andalucía Acoge, "las cifras denotan una realidad clara, y es que se sigue procediendo de forma generalizada al internamiento de personas susceptibles de solicitar protección internacional. Cabe recordar que el internamiento en el CIE es propuesto por la Policía Nacional, la cual en estos casos incumple lo que su propia normativa interna recoge, como es el caso de la Circular núm. 6/2014, de 11 de julio, de la Dirección General de la Policía, sobre criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los centros de internamiento, que señala la obligación antes de proponer el internamiento de consultar el listado de países de riesgo que proporciona ACNUR.
Está claro que este aspecto no se cumple, pues diariamente encontramos personas procedentes de países de acreditada inestabilidad, como son República Democrática del Congo, República Centro Africana, Sierra Leona o de la propia Sudán del Sur, por poner un ejemplo".
"La información sobre derechos que se presta en el CIE resulta totalmente insuficiente. Encontramos panfletos informativos desfasados o incompletos (por ejemplo, no se recoge la posibilidad de elevar queja al Juzgado de Control), y la información sobre protección internacional en la mayoría de los casos no se da por juristas expertos en la materia, sino por personal no cualificado, con todas las complicaciones que ello conlleva", señala.
Mancilla comenta a este periódico que "son muchos los prejuicios que las personas internas tienen respecto a la protección internacional, bien porque piensan que si la piden no van a poder salir del CIE o que van a ser encerrados en un lugar parecido; o bien porque quieren pedirlo en otro país europeo y prefieren esperar a estar en libertad, desconociendo que pueden ser expulsados en cualquier momento; o porque piensan que si lo piden en España luego no podrán irse a vivir a otro Estado de la Unión Europea, criterios todos ellos erróneos que establecen una barrera difícilmente franqueable, a la cual no ayuda las condiciones en las que se encuentran en el CIE", añade Mancilla.
