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| Fotografía cortesía de Pau Venteo de Europa Press |
Junqueras, Cuixart, Forn, Sánchez y Romeva ya no podrán salir ni a trabajar, ya que la Fiscalía cree que los líderes independentistas deben pasar más tiempo entre rejas para "reconocer el delito" y "superar las distorsiones" que les llevaron a emprender la vía unilateral
La Fiscalía ha recurrido el tercer grado, equivalente a la semiliberad, que la Generalitat otorgó a los nueve presos del procés, y ha pedido a los jueces de vigilancia penitenciaria que lo suspendan mientras deciden el fondo del recurso, lo que devolvería a los líderes independentistas a un régimen carcelario menos flexible. La jueza de vigilancia penitenciaria 5 de Catalunya ha atendido la petición del fiscal y ha suspendido el tercer grado de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn. Fuentes fiscales han precisado que los recursos contra el tercer grado de Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa se presentarán en los próximos días. Los recursos de la Fiscalía versan sobre una misma premisa: la concesión del tercer grado es "prematura", genera "sensación de impunidad" y "vacía el contenido" de la sentencia del Tribunal Supremo. El tercer grado permite a los presos ir a prisión solo a dormir entre semana y pasar el fin de semana en casa.
Entiende la Fiscalía que es demasiado pronto para que los presos del procés acceda a la semilibertad habida cuenta del poco tiempo de cumplimiento de la condena –pese a que llevan casi tres años en prisión– y de que sus salidas laborales y para hacer voluntariado no están relacionadas concretamente con el delito de sedición por el que fueron sentenciados.
En síntesis, lo que pide la Fiscalía es que los líderes independentistas pasen más tiempo entre rejas. Solo ésta puede ser la receta, a criterio de los fiscales, para que los presos "reconozcan el delito" y "superen las distorsiones" que les llevaron a promover el referéndum del 1-O y declarar de forma unilateral la independencia. "El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley", razona la Fiscalía en sus escrito.
Los informes de los profesionales de las prisiones ponen de manifiesto que tanto los presos que ostentaban cargos políticos como los líderes sociales reconocen los hechos por los que fueron condenados, asumen su responsabilidad y que incluso algunos reniegan de la vía unilateral y admiten que podrían haber actuado de otra forma. Para la Fiscalía no es suficiente.
"Reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito", sostiene el Ministerio Público, ya que "se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho" tal y como, a su juicio, ocurre en el caso de los presos del procés.
¿Qué deben hacer los presos antes de aspirar al tercer grado, a criterio de la Fiscalía? Además de "reconocer el delito" y pasar más tiempo en prisión como "medio de utilidad social y de intimidación general" para prevenir eventuales sediciones, para el Ministerio Público es necesario que los presos participen en un programa específico sobre la sedición, postura avalada por el Tribunal Supremo que los jueces catalanes veían contraria a la libertad ideológica de los presos.
El tratamiento debe servir, apuntan los fiscales, para que los presos modifiquen las "distorsiones que les llevaron a delinquir". El Ministerio Público concreta dichas "distorsiones" a corregir en el "convencimiento" de los presos "de que han hecho lo correcto", la "creencia" de que "pueden arrogarse la capacidad de interpretar popular" así como el hecho de que piensan que existe "un mandato superior del Parlament por encima de la legalidad constitucional".
Así, el programa específico de tratamiento, más allá de la reflexión que los presos vienen haciendo desde su entrada en prisión sobre los hechos del procés, debe servir, reiteran los fiscales, para que los líderes independentistas "se conviertan en personas que tengan la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal".
Más concretamente, la Fiscalía cree que los presos del procés deben "comprender" que para alcanzar la independencia "no hay otra vía que la modificación legislativa por las vías legales", algo que los internos, añade el Ministerio Público, no han interiorizado a día de hoy pues siguen creyendo "en un mandato superior del Parlament por encima del mandato constitucional y las resoluciones judiciales".
Por contra, la Fiscalía rechaza que en el caso de los presos del procés no es necesario trabajar ni sus lazos familiares ni su reinserción social mediante el tercer grado pues, al contrario que el común de los presos, antes de delinquir ya estaban "plenamente integrados" en la sociedad, ocupando posiciones de poder en la misma, y ya disponían de "familia y contactos sociales normalizados".
El recurso de la Fiscalía tiene grandes opciones de prosperar debido a la última resolución del Tribunal Supremo que anuló la flexibilización del segundo grado penitenciario a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El Supremo tumbó las salidas tres días a la semana de prisión de Forcadell que la Generalitat le concedió mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento. Y será el Supremo quien tenga la última palabra sobre el tercer grado de los presos del procés, pues será la instancia que revisará la decisión de los jueces de vigilancia penitenciaria.
