El experto constitucionalista Javier Pérez Royo abunda en la teoría ya expuesta por MLFA
Un ministro de Justicia no puede decir lo que ha dicho. Y si lo dice, tiene que ser destituido de manera fulminante. Mariano Rajoy no puede desentenderse de lo que ha dicho Rafael Catalá. Cuanto más tiempo se desentienda, peor para él. La trayectoria de Cristina Cifuentes una vez que se hizo pública la forma fraudulenta en que había conseguido el título de máster por la Universidad Rey Juan Carlos debería haber vacunado al PP contra el error de retrasar indefinidamente la adopción de decisiones inevitables. Cristina Cifuentes no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir políticamente al conocimiento público de la falsificación de su expediente académico. Ninguna es ninguna. Y todo el mundo lo sabía. Cuanto más se tardara en tomar la decisión, peor. Han sido varias semanas de agonía rematadas con un golpe mafioso.
Da la impresión de que vamos a asistir a la repetición del mismo error con Rafael Catalá. Todo el mundo sabe que no puede continuar siendo ministro de Justicia tras sus declaraciones del martes pasado a la Cope sobre el juez autor del voto particular en la sentencia de 'la manada'. Independientemente de que haya realmente algo en la ejecutoria profesional de este juez que lo inhabilitase para formar parte del Tribunal que dictó sentencia o de que no lo haya. Es decir, independientemente de que el ministro de Justicia tuviera razón al decir lo que dijo o no la tuviera.
Lo más grave sería que el ministro tuviera razón y que el juez Ricardo Javier González tuviera una mancha en su expediente que le impidiera formar parte del Tribunal y que, sabiéndolo todos, empezando por el ministro, se le hubiera permitido formar parte del mismo. Esta posibilidad es terrorífica, porque pone en cuestión todo nuestro sistema de administración de justicia, con una muy difícil, por no decir imposible, posibilidad de reparación.
Si se acabara por saber que este juez no podía ejercer la función jurisdiccional y todos sus compañeros de la Audiencia Provincial y los miembros del Consejo General del Poder Judicial, sabiéndolo, no hicieron nada para impedirlo, ¿hasta dónde tendría que llegar la exigencia de responsabilidad? ¿Qué ocurriría con todas las sentencias dictadas con anterioridad por un Tribunal del que este juez ha formado parte? ¿Qué confianza puede tener la sociedad en un sistema de administración de justicia en el que se impone una “complicidad silenciosa” que posibilita que se acabe dictando una sentencia como la de 'la manada' con un juez que no está en condiciones de formar parte del Tribunal? Las preguntas se multiplican hasta el infinito.
El voto particular de Ricardo Javier González es espantoso. Pero la hipótesis que ha puesto en circulación el ministro de Justicia lo es mucho más. Puesto que, según el ministro, la circunstancia “singular” del autor del voto particular la conocían “todos”, es la totalidad del poder judicial la que se ve acusada, al menos de negligencia, sino de algo mucho más grave. Si el ministro de Justicia tuviera razón, se tendría que proceder a una depuración del poder judicial que es, literalmente, imposible.
Un ministro de Justicia no puede decir lo que ha dicho. Y si lo dice, tiene que ser destituido de manera fulminante. El martes por la mañana tendría que haber sido cesado. El presidente del Gobierno no debía haber dado tiempo a que las Asociaciones de Jueces y Fiscales redactaran el comunicado solicitando su dimisión. Antes de que los jueces y fiscales pudieran reaccionar, tendría que haber sido cesado. Puesto que las declaraciones ya no se pueden hacer desaparecer, políticamente se tendría que haber actuado para que desaparecieran del debate inmediatamente después de que se hicieron públicas. Puesto que no se pudo evitar que se hicieran, había que evitar que se entrara en debate sobre ellas y sobre si el ministro podía continuar siéndolo o no.
Esto es lo que hubiera hecho un presidente del Gobierno con instinto de conservación. Es lo menos que se puede esperar. Mariano Rajoy, que conoce además bien la carrera judicial, no pudo no darse cuenta de que lo que su ministro de Justicia había dicho no se puede decir en ningún caso. Ni jurídica ni políticamente. En consecuencia, no podía dejar pasar ni un minuto sin reaccionar, porque, de lo contrario, no es el ministro sino él mismo el que se coloca en una situación insostenible. Si Rafael Catalá ha cometido un error, Mariano Rajoy, desde el momento en que tuvo conocimiento de las declaraciones y no lo destituyó, está cometiendo uno más grave.
Cristina Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid. No era miembro de "su" Gobierno. Rafael Catalá sí lo es. Con respecto a Cristina Cifuentes tenía responsabilidad como presidente del partido. Con respecto a Rafael Catalá la tiene como presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados únicamente otorga la confianza al candidato a presidente del Gobierno con base en un "programa político del Gobierno que pretende formar" (art. 99. 2 de la Constitución). Los ministros son colaboradores del presidente del Gobierno en la ejecución del programa político con el que éste ha solicitado la confianza de la Cámara.
Mariano Rajoy no puede desentenderse de lo que ha dicho su ministro de Justicia. Cuanto más tiempo se desentienda, peor para él. La crisis de Cristina Cifuentes ha sido grave para el PP y para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Todavía está por ver como se resuelve la investidura en el Parlamento de la comunidad. La crisis de Rafael Catalá es muy grave para el presidente del Gobierno.
O se resuelve ya o es posible que nos veamos abocados a elecciones anticipadas
