CYL-ETA (EFE)
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| Prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real) |
Hace treinta años se puso en marcha la política de dispersión de presos etarras con el objetivo de separar a los terroristas encarcelados de la férrea disciplina de la banda terrorista y facilitar su reinserción individual. A lo largo de estas tres décadas la reversión de esta medida excepcional ha sido una cuestión casi siempre polémica y directamente relacionada con periodos de alto el fuego de la banda terrorista, ya que los distintos gobiernos de PP y PSOE han llevado a cabo acercamientos de presos al País Vasco en momentos en los que parecía acercarse el fin de la violencia.
EL MAPA DE LA DISPERSIÓN
Actualmente hay unos 300 miembros de ETA encarcelados, 245 en España y unos 50 en Francia, de los cuáles solo tres, según los datos de la organización de apoyo a los presos Etxerat, están en cárceles vascas y un cuarto, Ibon Iparragirre, enfermo de sida, fue trasladado en enero a un hospital de Gipuzkoa para seguir cumpliendo condena en régimen de prisión atenuada.
Además, hay otro pequeño grupo de presos etarras "arrepentidos" en la cárcel alavesa de Zaballa, adonde fueron trasladados los que rompieron públicamente con la banda terrorista en aplicación de la denominada "vía Nanclares" -por el nombre de la antigua prisión de Nanclares de la Oca-.
Otros trece presos están en cárceles españolas a menos de 300 kilómetros del País Vasco, y cuatro etarras cumplen condena en la prisión francesa de Mont-De-Marsan, a 234 kilómetros.
Por contra, las tres prisiones de la provincia de Cádiz albergan a una treintena de presos etarras, que son los que están más lejos del País Vasco.
Nueve prisiones andaluzas se reparten 85 presos, 45 cumplen condena en cárceles de la Comunidad Valenciana, y les siguen los internos en centros de Galicia (22), Castilla y León (15) y Castilla La-Mancha (11).
ROMPER EL FRENTE DE MAKOS (Los datos son de junio 2018)
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| El juzgado de Manzanares controla la prisión de Herrera; por la que llegaron a pasar 500 etarras. |
El entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, y el responsable de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, pusieron en marcha a finales de los ochenta -tras el fracaso de las conversaciones de Argel- la política de dispersión de presos etarras que hasta entonces estaban concentrados en tres centros penitenciarios: Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Alcalá-Meco (Madrid) y Carabanchel (Madrid), donde se encontraban las mujeres.
Los terroristas estaban separados del resto de los reclusos y sometidos a una férrea disciplina por parte de la dirección de ETA que hacía imposible la disidencia y se demostraba con acciones concertadas en las tres prisiones.
Con la dispersión, el gobierno socialista trató de romper el denominado "frente de makos" y facilitar la reinserción de presos más proclives al arrepentimiento al alejarles de lo que Múgica denominó "sus jefes mafiosos".
Esa política ha dado algunos frutos durante este tiempo, el más importante de ellos la carta firmada en agosto de 2004 desde la prisión gaditana del Puerto de Santa María por Francisco Mujika Garmendia, "Pakito" -quien hasta su detención en Bidart (Francia) había sido "número uno" de ETA durante tres lustros-, y otros terroristas como Ignacio Arakama, "Makario"; Ignacio Bilbao, "Iñaki de Lemona", o Carlos Almorza.
La lucha armada "hoy en día no sirve", decía el texto, que aseguraba que las fuerzas de seguridad estaban ganando la batalla a ETA y apostaba por la vía política.
Los firmantes fueron expulsados de la banda, así como otros "históricos" que les siguieron en esas críticas a la organización, como José Luis Álvarez Santacristina, "Txelis", y Kepa Pikabea, que cumplían condena en Logroño.
A partir de 2008 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero institucionalizó la denominada vía Nanclares a la que llegaron a acogerse una treintena de etarras que fueron trasladados a Nanclares de la Oca (Álava), Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) después de haberse desmarcado de la banda terrorista.
LOS ACERCAMIENTOS
En estas tres décadas se ha mantenido la política de dispersión de presos, que ha logrado el aval del Tribunal Constitucional, aunque se han producido acercamientos, el más importante de ellos el de 105 presos etarras, 24 de ellos al País Vasco, en 1999 durante la tregua de ETA.
El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, declaró el 7 de septiembre de ese año que el acercamiento respondía "al anhelo de paz" de la sociedad, pero aseguró que esa medida no quebraba la política penitenciaria e insistió en el carácter individualizado de la misma.
Ya desde su llegada al poder en 1996, el Gobierno del PP dio pasos para flexibilizar la política de dispersión de presos etarras; a finales de junio de ese año se trasladó a prisiones próximas al País Vasco a 30 etarras con el objetivo, según el entonces responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, de "minimizar los efectos" que la condena tiene sobre su entorno familiar.
En 1997 y 1998 se produjeron más de 50 acercamientos de presos etarras, siempre en función de la situación individual de cada preso, según el Ejecutivo, que en diciembre de 1998 anunció el traslado a la península de todos los etarras encarcelados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
EL PERRO Y LA RABIA
Ahora, con ETA disuelta desde el mes de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a adecuar la política penitenciaria a esa nueva realidad "siendo empáticos" con las víctimas del terrorismo y con criterios individuales.
La edad, padecer enfermedades graves, la gravedad de los delitos cometidos, el tiempo cumplido de condena pueden ser los criterios que se tengan en cuenta en ese proceso.
Partidos como el PP y Ciudadanos, y las asociaciones de víctimas del terrorismo se oponen a cualquier cambio pese a la disolución de ETA y recuerdan que hay casi trescientos asesinatos sin resolver y piden que se mantenga la dispersión de presos mientras no colaboren con la Justicia para su esclarecimiento.
No obstante, el Gobierno Vasco, varios partidos y numerosos juristas son partidarios de tener en cuenta esa nueva situación para acercar a los presos al País Vasco en función de la circunstancia de cada uno de ellos.
Consideran que el fin de ETA lo ha cambiado todo y hacen suyas las palabras del que fuera ministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, quien en 2015 se refirió a esta posibilidad y dijo:
"Si ETA se disuelve, en la medida que la dispersión es causa de la pertenencia a una organización terrorista, pues muerto el perro se acabó la rabia. No tendríamos por qué aplicar con carácter general a sus presos la política de dispersión". EFE
