El Digital Castilla La Mancha
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| Fotografía de Ciudad Real Digital |
La Plataforma de Bomberos de Emergencias de Ciudad Real ha solicitado el inmediato cese del presidente del Consorcio de Emergencia de Ciudad Real, Julián Nieva, como responsable político, y del gerente, Santiago Salinas, responsable técnico de personal, por provocar una división política y sindical en el seno de esta entidad que "está a punto de acabar con el despido arbitrario de 37 bomberos".
La Plataforma informa en un comunicado que "tras la sentencia del Juzgado Nº 2 de Ciudad Real, en la que se obliga a la convocatoria de 37 nuevas plazas de bomberos, el presidente ha decidido, unilateralmente y sin explicaciones tanto a los sindicatos como al resto de grupos políticos representativos en la Diputación, poner nombre y apellidos a 37 trabajadores -laborales indefinidos-, para ser despedidos y amortizar así las plazas, denegando el reconocimiento de más de 20 años de experiencia a la oferta de empleo público que judicialmente está obligado a ejecutar".
El comunicado señala que "una vez desmantelado el Comité de Empresa, este martes, en reunión de Presidencia del Consorcio con los agentes sociales, Julián Nieva se negó a contestar al sindicato CSI-CSIF sobre la naturaleza del despido de esos 37 trabajadores laborales indefinidos".
Mala fe de Nieva
A juicio de la Plataforma, "a todas luces el señor Nieva está utilizando dicha sentencia con mala fe para realizar un despido colectivo, que supondrá un grave perjuicio a las arcas públicas provinciales, y que se ha calculado en 2.700.000 € en indemnizaciones más costas, amén de que todavía se encuentra en fase instrucción el desarrollo de la Oferta Pública, y que todos los gastos por desatinos del presidente saldrán del erario ciudadano".
Según la Plataforma podrían existir indicios de persecución sindical
"Es sospechoso que esas 37 personas que habrán de perder sus puestos pertenezcan a un mismo sindicato, por lo que podrían existir indicios de persecución sindical, así como que dicha oferta pública se realice sin haber consultado previamente ni a los representantes de los trabajadores ni a la propia Asamblea del Consorcio, el máximo órgano, imponiendo en la nueva oferta de empleo la falta de reconocimiento de los méritos que estos profesionales han aportado al servicio durante más de dos décadas, así como su precipitada convocatoria unos meses antes de que se cumplan las medidas cautelares que existen por parte del juzgado desde el 20 de octubre del presente año", según la Plataforma.
