Oriol Solé Altimira
Junqueras y Forcadell, frente a la cárcel de Wad-Ras, ACN. Cuando el Estado hace suya la 'venganza' se autodestruye (AD).
¿Cuánto tarda un indulto? El de los presos del Procés lleva más tiempo en trámite que el de los GAL y 23F
Era un 23 de septiembre cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el inicio de la tramitación de los indultos a los presos del Procés. Medio año después, la medida de gracia a los nueve condenados por sedición y malversación sigue encallada y no ha llegado siquiera a la mesa del Consejo de Ministros, que es donde se tomará la decisión definitiva sobre su concesión. La ley del indulto, que data de 1870, no establece en cuánto tiempo se debe sustentar, si bien los distintos informes que se requieren antes de tomar la decisión definitiva hacen que el plazo se alargue normalmente un mínimo de cuatro meses. En el caso de los presos independentistas, Campo consideró "razonable" que sus indultos se resolvieran durante el primer semestre de este año.
Los casos de indultos relevantes tras la restauración de la democracia en España muestran que, en algunos casos, su concesión fue muy rápida, aunque en otros se demoró hasta un año o incluso más. Entre los primeros destaca el indulto parcial que recibieron al exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de los GAL a Segundo Marey. El Gobierno de José María Aznar remitió en noviembre de 1998 al Supremo –tribunal que juzgó tanto el caso Marey como el Procés– la petición de indulto que registraron en julio varios concejales socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Un mes después el Alto Tribunal se mostró a favor del indulto parcial y el 23 de diciembre del mismo año el Gobierno concedía la medida de gracia, que redujo en dos tercios su condena y aceleró su excarcelación.
Otro indulto exprés fue el concedido por "razones de equidad" y de salud al general Alfonso Armada, condenado por el golpe de estado del 23-F, tras su quinta petición en septiembre de 1988. En noviembre del mismo año la Sala de lo Militar del Supremo se mostró a favor del indulto porque tras su estancia en prisión Armada manifestó "de forma reiterada su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional". El Gobierno de Felipe González resolvió favorablemente el indulto el 23 de diciembre de 1988.
Tardó más el indulto de otra causa juzgada en el Alto Tribunal, la que condenó a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. El Ministerio de Justicia empezó a tramitar en marzo del año 2000 el indulto solicitado por la defensa del exjuez, y ocho meses después, el Gobierno de Aznar otorgó el perdón a Gómez de Liaño en contra del informe del Tribunal Supremo, a diferencia de los casos anteriores.
Capítulo aparte merece el indulto al exdiputado socialista Carlos Navarro y a los exresponsables de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, condenados por la financiación irregular del PSOE. Los condenados lo pidieron inmediatamente después de la sentencia, en noviembre de 1997, pero la tardanza del Gobierno de Aznar en su tramitación provocó un conflicto entre el Ejecutivo y el Supremo. El Alto Tribunal llegó a amenazar con llevar a la Fiscalía los más de cinco meses que tardó el Ministerio de Justicia en remitirle los antecedentes penales de Navarro, trámite imprescindible para emitir su informe sobre el indulto. Finalmente el Supremo se mostró a favor del indulto parcial y el Gobierno se lo concedió a finales del año 2000.
Las medidas de gracia a Gómez de Liaño y los condenados por Filesa formaron parte del llamado 'indulto del milenio': el 1 de diciembre del año 2000 el Gobierno de Aznar decretó 1.328 indultos de golpe bajo el argumento de que lo había pedido el Papa Juan Pablo II con motivo del año jubilar.
Uno de los indultos más sonados de los últimos años fue el que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero concedió, en noviembre de 2011 y estando en funciones, al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, a quien se le perdonó la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer como banquero por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. Saénz había pedido el indulto siete meses antes. El Tribunal Supremo concluyó que el Ejecutivo Zapatero incurrió en una "clara extralimitación" al cancelar los antecedentes penales de Sáenz.
En casos recientes de corrupción política, el Gobierno de Mariano Rajoy también concedió el indulto en febrero de 2012 al exdirigente de Unió Democràtica, Josep Maria Servitje, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados por el caso Treball, en contra del criterio de la Audiencia de Barcelona. El Ejecutivo tardó once meses en aplicar la medida de gracia desde que la sección 10a de la Audiencia de Barcelona había remitido su informe en contra del indulto alertando de "la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público".
Otro indulto polémico fue el concedido también en noviembre de 2012 a los cuatro mossos d'esquadra condenados por torturar a un ciudadano al que detuvieron por error, detuvieron por error, golpearon por todo el cuerpo, amenazaron y llegaron a meter una pistola en la boca. Fue el segundo indulto para los policías, que en 2012 ya habían recibido un indulto parcial solicitado dos años antes. Esta medida de gracia provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de Rajoy y la sección 9a de la Audiencia de Barcelona, que obligó a los policías a entrar en prisión.
Los presos del Procés, pendientes del Supremo
La Comisión Europea, que es el gobierno de la UE, acaba de exigir a España que reforme el Código Penal.
Tras el anuncio del ministro Campo en vísperas de la Mercè, patrona de Barcelona, formalmente el Ministerio de Justicia envió el pasado 28 de septiembre al Tribunal Supremo la petición de indulto a los presos del Procés realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.
No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.
El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el pasado martes su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría "anticipando" a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen.
Al apostar políticamente por una amnistía de imposible encaje legal y viabilidad parlamentaria, los presos no han hecho caballo de la lentitud con su indulto. Solo uno de los abogados de la causa, el letrado Xavier Melero, alzó la voz hace unas semanas en los micrófonos de RAC-1: "La parsimonia es tan anómala y notable que hace pensar en algo intencional, no por parte del Gobierno".
El informe del Supremo es perceptivo y no vinculante para el Gobierno, y tampoco existen plazos para su emisión. En paralelo, el Alto Tribunal también tendrá que decidir si confirma la revocación del tercer grado a los presos del Procés acordada por un juez de vigilancia penitenciaria de Catalunya. El precedente no es un buen augurio para los soberanistas: en su primera decisión sobre la semilibertad, el Supremo cerró la puerta a cualquier flexbilización de la prisión de los líderes del procés al margen del indulto.
Una vez el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto. Pero ya nadie se atreve a poner un plazo para ello, más con las elecciones en Madrid del próximo 4 de mayo, si bien el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, desvinculó el estudio de la medida de gracia de los comicios regionales. “Los indultos no tienen calendario, se están tramitando”, agregó el pasado lunes en una entrevista en La Vanguardia. Y mientras todos los presos ya han cumplido más de una cuarta parte de la pena, esto es, más de tres años entre rejas.
