Carlos Elordi
El dato más extraordinario del caótico panorama político español es el enfrentamiento sin cuartel que en estos momentos libran el ministro de Hacienda y el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso del 1 de octubre contra los dirigentes del independentismo catalán. Y es excepcional no solo porque no tiene precedente alguno, sino también porque puede llevar nada más y nada menos que a la puesta en libertad de Carles Puigdemont en Alemania y, en consecuencia, a un cambio sustancial de la situación jurídica de sus compañeros encarcelados.
Un movimiento tan importante como ese tiene necesariamente que responder a motivaciones de gran calado. Y estas han de buscarse en el contexto político. Aunque algunos han dicho que Montoro podría estar actuando por su cuenta, esa hipótesis no es muy creíble. El ministro de Hacienda no se habría atrevido a desafiar al Tribunal Supremo si no contara con el beneplácito del su superior jerárquico, el presidente del Gobierno. Y el hecho de que hace algunas semanas el propio Mariano Rajoy dijera lo mismo que ahora asegura su ministro, esto es, que el Govern de Puigdemont no utilizó un solo euro del presupuesto catalán para financiar el referéndum del 1 de octubre, confirmaría que la iniciativa de Montoro no es precisamente individual y caprichosa.
En principio, el ministro únicamente defiende su gestión. Desde el pasado 15 de septiembre tenía el encargo expreso de controlar las cuentas de la Generalitat justamente para evitar que esta desviara fondos para financiar el referéndum. Y cuenta con los informes de su poderoso aparato de investigación fiscal para asegurar que él ha cumplido rigurosamente con ese compromiso. El juez Pablo Llarena se basa en cambio en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, que concluyen, por el contrario, que el Govern malversó casi dos millones de euros en los gastos necesarios para llevar a cabo la consulta popular.
Como norma; los jueces, en la duda, recurren a Hacienda, no a la Guardia Civil
Con los datos disponibles es imposible saber cuál de las dos fuentes acierta. La posibilidad, además, de que se utilizara la ingeniería financiera, vía facturas falsas, por ejemplo, lo hace aún más difícil, al tiempo que esta debilitaría la acusación, porque sería bastante más complicado probarla. En todo caso, distintas fuentes jurídicas han asegurado que es justamente al ministerio de Hacienda y no a la Guardia Civil al que los jueces recurren cuando tienen dudas de este tipo. Porque tiene toda la información, es la última palabra.
Montoro caminaría, pues, sobre seguro. Pero, ¿por qué ha hecho valer sus argumentos sólo hace una semana, cuando el juez Llarena había formulado hace sus meses su acusación de malversación contra los dirigentes independentistas sobre la base de los informes de la Guardia Civil y la había ratificado también hace meses en sus sucesivas euro-órdenes de detención de los que habían huido al extranjero? ¿Por qué solo ahora, cuando el Tribunal de Schleswig Holstein está a punto de pronunciarse sobre esa materia en lo relativo a Puigdemont, tras haber desechado, al menos en principio, el delito de rebelión? ¿Es porque ha sentido de repente la necesidad de defender su buena gestión o por otros motivos?
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La decisión del Partido Nacionalista Vasco de no apoyar las enmiendas a la totalidad del presupuesto para 2018 puede aportar alguna luz en ese misterio. Sobre todo por la declaración que la ha acompañado este jueves. En ella se dice que el PNV quiere así conceder “una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Catalunya, así como a la restauración de un Govern legítimo”. Añaden que su iniciativa es “la mejor para propiciar la desactivación a la mayor brevedad posible del artículo 155”. Y concluye que el anuncio llega después de que los dirigentes vascos hayan mantenido en los últimos días “contactos con diversos actores políticos, incluidos dirigentes de las formaciones independentistas catalanas”.
Con otras palabras: el PNV está diciendo que, finalmente, hay una negociación en curso sobre la crisis catalana. La primera que se anuncia oficialmente. Y la sustancia de la misma es que los nacionalistas apoyarán los presupuestos de Rajoy. Con algo a cambio que, sin embargo, no figura en el citado texto: que se modifique la situación de los dirigentes independentistas encarcelados o en el exilio. Es solo una hipótesis, pero cuadraría perfectamente con la contestación de Montoro al juez Llarena. Y, además, podría contar con el beneplácito de “dirigentes independentistas catalanes”.
En definitiva, y todo a una velocidad de vértigo porque los plazos acucian en los diversos escenarios del contencioso, el Parlament investiría a un nuevo president a cambio de la seguridad de que Puigdemont será exculpado y de que a los presos y exiliados se les abrirá esa misma puerta a medio plazo. Y se desactivaría el 155. Por su parte, Rajoy tendría un presupuesto y casi dos años más en el poder. Tal resultado merecería hacerle un feo al juez Llarena y más con lo negro que lo tiene que el PP por culpa del escándalo Cifuentes. Porque sin presupuesto, una moción de censura podría ponerse encima de la mesa en pocas semanas. Y si tuviera lugar provocaría que las elecciones generales se celebraran incluso antes que las municipales y autonómicas. Pedro Sánchez acaba de decir que no desdeña esa eventualidad.
Es solo una hipótesis. Pero una reflexión adicional puede avalarla. La de que Rajoy no tiene posibilidad alguna de maniobra si no intenta algo totalmente distinto de lo que ha hecho hasta ahora, que es lo mismo que nada. Hundiéndose en los sondeos, enfrentado con todos los demás partidos, denostado por la mayoría de la ciudadanía, sólo puede intentar sobrevivir eliminando de la escena a la Cristina Cifuentes y aceptando las condiciones que el PNV le ponga para aprobar el presupuesto. Hay demasiadas incógnitas y actores en juego, entre ellos el juez Llarena, como para estar seguros de que la cosa va a salir. Veremos qué pasa.
