Belén Rodriguez - 19/01/22
"Lanza" - Ciudad Real
El exalcalde de Manzanares intenta ocultar su rostro a la cámara. (Azuer Diario).
Los siete acusados en el juicio de los vertidos. Fotografía de Clara Manzano.
El jefe de Calidad de Aguas de la CHG declara en el juicio por los vertidos contaminantes al Azuer en 2013 y 2014 que los alcaldes fueron advertidos para que impidieran que tres bodegas, que carecían de depuración propia entonces, colapsaran la depuradora en vendimia. La Confederación Hidrográfica del Guadiana advirtió a los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla, tanto en 2013 como sobre todo en 2014, de que debían controlar los vertidos de las bodegas durante las campañas de vendimia, que comprometían la capacidad de la depuradora que comparten ambas poblaciones, con riesgo de dañar el medio ambiente.
Domingo Fernández, el jefe de Calidad de Aguas de la CHG, ha declarado en la segunda sesión del juicio por delito ambiental por esos episodios graves de contaminación en el río Azuer, que antes de la primera denuncia del Seprona, en octubre de 2013, él mismo envió requerimientos (en julio) a los ayuntamientos afectados por industrias vinícolas, entre ellos Manzanares y Membrilla, para que vigilaran los vertidos en los meses álgidos de las campañas.
Fotografía de "Azuer Digital"
Aguas verdosas y fétidas en el Azuer por Daimiel
Meses más tarde, en octubre, cuando el Seprona detectó unas aguas verdosas y fétidas en el río Azuer a su paso por Daimiel (en ese año 2013 con mucha agua), Fernández avisó a los ayuntamientos y a las principales bodegas de ambas poblaciones y fue a inspeccionarlas con técnicos municipales. Era el 23 de octubre de 2013.
Tres bodegas no tenían depuradora propia
El jefe de Calidad de Aguas comprobó que tres de esas industrias vinícolas, la cooperativa Jesús del Perdón-Yuntero (lleva embotellando vino desde los años cincuenta), Bodegas Don Quijote y Galán de Membrilla, cuyos presidentes están acusados de delito ambiental en este juicio, carecían de sistemas de depuración adecuados al volumen de su actividad, y les conminó a corregirlo.
La «pasividad» de los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla
Un año después, el 4 de septiembre y previo aviso, ha relatado que hizo una nueva inspección y solo Bodegas Don Quijote había hecho los deberes, tenían en marcha una nueva depuradora, que por un contratiempo no pudo depurar aguas en esa campaña. Al mes siguiente, en octubre, el Seprona volvió a detectar otro vertido similar al de la campaña de 2013 en el río Azuer, que terminó afectando al parque nacional de las Tablas de Daimiel, algo que solo se explica por la “pasividad de los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla», ha declarado. Bajo su punto de vista tenían que haber impedido que esas bodegas vertieran a la depuradora en esos meses.
Alternativas a la falta de sistemas de depuración
“Si no se puede construir una depuradora hay alternativas, otras bodegas almacenan las aguas que no pueden tratar en el momento en depósitos viejos o los ayuntamientos les ponen un tapón a esos vertidos para que no colapsen el sistema de depuración general, como pasó”, ha explicado Fernández, que ha protagonizado un agrio enfrentamiento con los abogados de las defensas, en especial con el letrado del presidente de la cooperativa Jesús del Perdón-Yuntero, que le ha reprochado hasta que no supiera cuántas industrias había entonces en Manzanares.
En cuanto a la avería en la que se escudan los alcaldes y concejales para justificar el vertido de 2013 de la depuradora, Fernández ha manifestado que “pudo influir algo, pero no fue determinante”.
Respeto a por qué el Gobierno no cerró las bodegas o la Confederación del Guadiana no se dirigió con más contundencia a ellas, ha insistido que los titulares de las autorizaciones de vertidos a los ríos son los entes locales, “son ellos los que tienen que gestionar esos residuos”, “de los 600 municipios que controlo en la cuenca hidrográfica solo el de Manzanares nos ha dicho abiertamente que no era competencia suya hacerlo», ha agregado.
Dijeron que la contaminación venía de las bodegas
Los agentes del Seprona de la Guardia Civil que investigaron el caso también han explicado en su turno que hicieron dos intervenciones en el río Azuer a su paso por Daimiel, ambas en los octubres de 2013 y 2014. La primera vez ellos mismos vieron aguas verdosas y nauseabundas en el río y tomaron muestras; en la segunda recibieron un aviso vecinal. En ambas inspecciones concluyeron que el vertido contaminante provenía de la depuradora Manzanares-Membrilla.
En la inspección de octubre de 2014, han declarado que hubo representación tanto de Acciona, la empresa de la depuradora, como de los ayuntamientos titulares, y que fueron ellos mismos los que explicaron que podía deberse a la actividad de las bodegas en vendimia.
Una depuradora mal dimensionada
Los informes del Seprona remitidos a la Confederación del Guadiana reflejan que las aguas que vierte la depuradora incumplen los parámetros de vertidos, y como posibles causas indican que la depuradora no tenía suficiente capacidad por un mal dimensionado, «igual no tuvieron en cuenta los polígonos industriales cuando se construyó», han dicho.
La jornada dedicada a los testigos en este segundo juicio por lo penal a alcaldes de Ciudad Real por el control de las aguas residuales de sus poblaciones ha contado con el testimonio de la jefa técnica de la depuradora de Manzanares en esos años para el grupo Acciona. La testigo ha relatado que tomaba muestras de forma regular y que de los resultados se informaba a los ayuntamientos. Ha confirmado que en las vendimias “llegaba mucha carga contaminante”, que la depuradora no tenía tanque de tormentas en esa época, y que la empresa que gestiona la EDAR no tiene competencia para obligar a nadie a que depure sus aguas antes de verter a los colectores generales.
Hicieron lo posible para depurar bien sus aguas
Respecto a la avería ha reconocido que tuvieron una en octubre de 2013, de escasa relevancia; que nunca se han equivocado con los reactivos (como han dicho los acusados) y que le consta que “las bodegas hicieron todo lo posible para depurar bien sus aguas”.
Membrilla «se desvivió» para que su bodega depurara
Las defensas de los acusados han llevado como testigos a técnicos municipales y a algún concejal, en el caso del Ayuntamiento de Membrilla. Tanto la secretaria municipal como el concejal Carlos Martín de la Leona han afirmado, como declaró el martes el alcalde Manuel Borja, que el Ayuntamiento de Membrilla “se desvivió” para que Bodegas El Galán construyeran una depuradora, incluso hubo una resolución de alcaldía que les prohibía verter a la red general.
Del reglamento de depuración vigente en Membrilla en esos años, la secretaria municipal ha explicado que no recogía qué industrias podían verter y el procedimiento sancionador era muy ambiguo.
2 años y medio de cárcel para siete acusados
El exalcalde de Manzanares Antonio López de la Manzanara, junto con el alcalde de Membrilla, Manuel Borja, los concejales de Medio Ambiente de ambos ayuntamientos en esos años, y los titulares de las bodegas Jesús del Perdón-Yuntero, Don Quijote y Galán de Membrilla, se enfrentan a dos años y medio de cárcel por delito contra los recursos naturales esta semana ante el juzgado de lo Penal 1 de Ciudad Real, por un caso que llegó a la justicia en 2016.
140.000 euros de sanción por la vía administrativa
El caso, por vertidos en las campañas de vendimia 2013-2014, ya fue sancionado por la vía administrativa con multas de unos 140.000 euros (que pagó el Ayuntamiento de Manzanares, en plieto con el de Membrilla por esto) ahora se dilucida si ha habido daños al medio ambiente, en concreto al parque nacional, que sufrió una ruptura del ecosistema acuático del que tardó años en recuperarse, y si los investigados son responsables.
Las multas de la CGH fueron 2: 100.000 € en 2014 y 200.000 €, años después fueron reducidas a 140.000 €
La fiscalía acusa a los alcaldes y concejales de Medio Ambiente de «permitir y consentir» los vertidos, que se detectaron por primera vez a finales del año 2013 en el río Azuer, y la participación conjunta de «todos ellos», incluidas las bodegas, en la realización de vertidos de forma directa o indirecta, en contra de las disposiciones del medio ambiente. «Entendemos que se perjudicó gravemente el equilibrio de los sistemas naturales», con unos vertidos «potencialmente susceptibles de causar un daño al medio ambiente», dice el fiscal del caso Carlos G. Santorum.
El fiscal atribuye a los ayuntamientos de Membrilla y Manzanares, titulares de depuradora de aguas residuales, incluidas las industriales, no haber solicitado a la CHG informe para autorizar vertidos previamente a verter a los colectores.
El problema de los vertidos ya está corregido
Los acusados por su parte se defienden asegurando que ya han pagado multas por los vertidos, en el caso del Ayuntamiento de Manzanares, que ellos no tenían potestad para impedir que las bodegas dejaran de verter a la EDAR y que hicieron lo posible para subsanar los problemas, en cuanto se enteraron de que los hubo, y que desconocían que se pudieran derivar responsabilidades penales de la situación, cuando tenían una empresa, Acciona, encargada de la depuración. De hecho argumentan que desde 2015 no ha habido sobrecarga contaminante en la depuradora, ni siquiera en vendimia, y las principales bodegas tienen sistemas de depuración adecuados.
Afectados por una normativa de zonas sensibles
Ayuntamiento de Membrilla
La aglomeración urbana de Manzanares y Membrilla está incluida en una normativa especial que afecta a zonas sensibles de las cuencas hidrográficas, en este caso por su afección al parque nacional de las Tablas de Daimiel. El Azuer, afluente del Guadiana, se incorpora a la cuenca principal en el entorno del Molino de la Máquina, a ocho kilómetros aguas arriba del parque nacional de las Tablas. La depuradora de Manzanares vierte al río Azuer.
La fiscalía también pide inhabilitación
La fiscalía solicita inhabilitación de dos años para ejercer la alcaldía u oficio relacionado con el medio ambiente para los dos alcaldes y concejales investigados, además de la pena de prisión. Para los bodegueros también reclama inhabilitación de dos años para ejercer actividades industriales y una nueva indemnización de unos 70.986 euros a abonar entre todos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con responsabilidad subsidiaria de los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla.
La segunda vez que se juzga a alcaldes por delito ecológico
Es la segunda vez en apenas seis meses en Ciudad Real que un alcalde se enfrenta por lo penal a una acusación por delito ecológico en relación con los sistemas de depuración de su Ayuntamiento. El pasado mes de abril fue la alcaldesa socialista de Argamasilla de Calatrava Jacinta Monroy, juzgada y en su caso absuelta por los vertidos residuales sin depurar al río Tirteafuera de la localidad. Su caso, en el que el fue imputada de más delitos, se juzgó en la Audiencia Provincial de Ciudad Real (se pedían penas más elevadas y hubo acusación particular).
Tanto el exalcalde de Manzanares como el actual alcalde de Membrilla son del PP y no se enfrentan a ninguna acusación particular, solo la del ministerio fiscal que defiende la legalidad en lo concerniente a la responsabilidad de los ayuntamientos de protección del medio ambiente.
Las pruebas periciales este jueves
El juicio continúa este jueves jornada dedicada a las pruebas periciales en las que está prevista la intervención del director del parque nacional de las Tablas de Daimiel, Carlos Ruiz de la Hermosa, y el comisario de aguas de la Confederación del Guadiana cuando los vertidos, Timoteo Perea.
