P.M. – "La Tribuna de Ciudad Real"
Miércoles, 19 de mayo de 2021
El exalcalde de Manzanares y el regidor de Membrilla responderán junto a otras cinco personas ante el Juzgado Penal 1 de Ciudad Real de los vertidos al río Azuer que fueron denunciados entre los años 2013 y 2014. La causa sin preso abierta por los vertidos al río Azuer que contaminaron las aguas del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel ya tiene fecha de enjuiciamiento. Según ha podido saber La Tribuna, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real enjuiciará los hechos en enero del próximo año, concretamente los días 18, 19 y 20.
En el banquillo de los acusados se sentarán el actual alcalde de Membrilla, el popular Manuel Borja, y el exalcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, del mismo partido político.
El fiscal de caso considera los hechos denunciados entre 2013 y 2014 constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que pide una condena de dos años y medio de cárcel para el que fuera alcalde de Manzanares durante una legislatura, desde 2011 a 2015, y para el actual regidor de Membrilla. La misma pena solicita para los también encausados Trinidad Alcaide y Manuel Martín-Gaitero, entonces concejales en los citados municipios, y para tres administradores de empresas bodegueras.
Según la Fiscalía, se produjeron vertidos industriales durante las campañas de vendimia de los años 2013 y 2014 a la red de saneamiento municipal. No se llevó a cabo el pretratamiento de depuración adecuado y, por tanto, se originó una elevada carga contaminante que no pudo ser tratada convenientemente en la estación depuradora de aguas y que acabó afectando a la calidad del medio receptor, el río Azuer, en la cuenca del Guadiana, que amenazó al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Los vertidos provocaron presuntamente la situación de «ruptura del ecosistema acuático» de dicho parque, «imposibilitando el normal funcionamiento de sus procesos ecológicos y de su biocenosis al producirse perjuicios a la calidad de las aguas del dominio público hidráulico», según el escrito de acusación de la Fiscalía basado en pruebas e informes técnicos.