Javier Pérez Royo
 |
| Parlament de Catalunya. Parque de la Ciudadela, Barcelona. |
El artículo 155 ha desencadenado un activismo fiscal y judicial frenético, que está viciando de manera definitiva el ejercicio del derecho de sufragio previsto para el 21D. Cuando el poder judicial entra en un debate político, ya no es posible continuar debatiendo. La devaluación del voto ciudadano es la consecuencia inevitable. La disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre se convirtió en el tránsito de la aprobación del 155 CE por el Senado por la mañana y el mensaje por televisión del presidente del Gobierno por la tarde en el “núcleo esencial” de la operación de intervención de la autonomía de Catalunya.
La finalidad de la aplicación del artículo 155 CE no era la de suspender el ejercicio del derecho a la autonomía, sino la de devolver la palabra a los ciudadanos de Catalunya. Dado que el President Puigdemont se había negado a hacerlo, no había quedado más remedio que cesarlo. No había otra manera de convocar elecciones.
Este es el relato con el que se ha justificado el recurso al 155 CE. La Comunidad Autónoma de Catalunya no ha sido propiamente intervenida, sino que durante cincuenta y cinco días se está dirigiendo la Administración catalana por una persona designada por el Presidente del Gobierno, a fin de que opere con normalidad mientras se desarrolla el proceso electoral. Se garantiza que la gestión no se detenga, para que exista la normalidad mínima a fin de que se pueda ejercer el derecho de sufragio. Todo sigue igual, con la excepción de que es el Presidente del Gobierno de la Nación y no el President el que ha puesto en marcha el proceso electoral.
El relato hubiera tenido credibilidad si el presidente del Gobierno hubiera ordenado al Fiscal General del Estado que se abstuviera de intervenir durante el proceso electoral y que se respetara lo que ha sido una costumbre en el pasado de que, convocadas elecciones, la actividad judicial se dejaba en suspenso durante el proceso electoral. Pero ha ocurrido todo lo contrario. El 155 CE ha desencadenado un activismo fiscal y judicial frenético, que no solamente está marcando el proceso electoral cuando casi todavía no ha empezado, sino que ha viciado de manera definitiva el ejercicio del derecho de sufragio previsto para el 21D.
Obviamente si el Tribunal Supremo hubiera adoptado respecto de Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament la misma medida cautelar que adoptó la Audiencia Nacional respecto de los miembros del Govern, la situación sería todavía peor. Hasta es posible que no se pudieran siquiera celebrar las elecciones. Esto, probablemente, es lo que ha llevado al juez instructor del Tribunal Supremo a no actuar exactamente igual a como lo hizo la Jueza de la Audiencia Nacional. Pero el hecho de que la expresidenta del Parlament ingresara en prisión aunque por poco tiempo por orden de un juez del Tribunal Supremo, algo que solo había ocurrido anteriormente con los miembros de la Mesa de Herri Batasuna, es un mensaje que lo dice todo.
El Gobierno de la Nación ha decidido no intervenir la Administración de Catalunya pero sí intervenir el proceso electoral mediante la Fiscalía y, a través de ella, de los Tribunales, que están actuando como agentes electorales del PP y de Ciudadanos. El énfasis que se está poniendo en la violencia como elemento definitorio del “procés”, argumentado en la querella del Fiscal General, pero también en el auto del Magistrado del Tribunal Supremo contra toda la evidencia empírica de que disponemos, es un regalo para estas formaciones políticas, que son avaladas como las únicas portadoras de la convivencia pacífica en Catalunya.
Esa estrategia está empezando a surtir efecto. Hay un desconcierto perceptible no solo en el nacionalismo catalán, que es el que está siendo directamente golpeado, sino que también es perceptible en el socialismo y en el espacio de Podemos. La agresión fiscal y judicial ha abierto grietas en todas las opciones políticas menos en las dos inequívocamente no españolas, sino españolistas.
Ya veremos qué pasa de aquí al 21D, porque la situación evoluciona a tal velocidad y con giros tan extraños, que es difícil hacer predicciones. Puede ocurrir que lo que se considera que es una estrategia ganadora, no acabe siéndolo.
Pero lo que es seguro es que la campaña está envenenada. Cuando el poder judicial entra en un debate político, ya no es posible continuar debatiendo. La devaluación del voto ciudadano es la consecuencia inevitable.
