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| Ayuntamiento de Tomelloso |
Tercera Parte
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Al inicio de la década de los ‘90’ la opinión de los expertos en economía estaba dividida; unos anunciaban que la crisis económica estaba a las puertas de nuestro país; los otros trataron de no ser aguafiestas y defendieron la pujanza de la economía española, debido al gran volumen de inversión pública que suponían los grandes eventos previstos en Sevilla y Barcelona. En la capital hispalense tendría lugar la Exposición Universal en 1992, y en la ciudad condal, en ese mismo año, se celebrarían las Olimpíadas Barcelona 92.
En cuanto a infraestructuras, ya estaba previsto que en 1992 el AVE, Alta Velocidad Española, llegara a Sevilla, constituyendo la primera línea ferroviaria Madrid-Sevilla de alta velocidad, con trenes circulando a una velocidad media de 310 kilómetros por hora; así como la finalización, el mismo año 1992, del desdoblamiento de la Nacional 4, de Madrid a Cádiz, que pasaría a ser la Autovía A4; todo lo cual supondría un endeudamiento considerable que resultaría positivo para parte del país, en especial, como siempre nos ocurría, para los catalanes, no tanto para el resto del país, ni tan siquiera para los sevillanos, excepción hecha de su tren rápido, mejor dicho, era un tren veloz, y una demostración de que los españoles sabíamos mucho de ingeniería, como lo demuestra esa instalación ferroviaria entre otras. Serían años de maletines llenos de dinero.
La ciudad de Barcelona cambió su faz, y de qué manera, ya que su fachada marítima se rehizo totalmente; en cuanto a las cifras: la inversión en la capital catalana alcanzó el billón de pesetas, lo que equivale a seis mil millones de euros; y la de Sevilla llegaría a los ciento veinte mil millones de pesetas, es decir setecientos millones de euros. Felipe González estaba como niño pobre con zapatos nuevos y tiró la casa por la ventana, llevándonos a una situación de endeudamiento jamás conocida en nuestro país desde los Reyes Católicos. Semejante orgía de dinero provocó que dirigentes políticos socialistas y nacionalistas catalanes metieran mano en la caja, además de exigir el cobro de comisiones a los constructores, dando comienzo a la corrupción, que terminaría hundiendo España en la ruina más absoluta y abocando al país a que fuera intervenido por Europa años más tarde, al descubrirse el expolio de las cajas de ahorro. Curiosamente la primera caja intervenida fue la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, que nos costó a los españoles la friolera de un billón quinientos mil millones de pesetas, o sea nueve mil millones de euros.
Recuperando el hilo de nuestra historia, se constata que los ocho años que llevaban en nuestra región los socialistas ya habían dado fruto a alguno de sus dirigentes. Veámoslo de forma más gráfica, y sin cifras que ensucien la narración; los dirigentes socialistas de Andalucía y Castilla La Mancha entraron de lleno en la corrupción, ya que tanto el desdoblamiento de la N4 como la obra de infraestructura ferroviaria AVE, constituyeron un enorme filón en forma de comisiones y de mordidas para los socialistas, al frente de ambas regiones, y el ‘clan de la tortilla’ pasó a ser el ‘clan del caviar’, enriqueciéndose muchos de ellos. El Guerra se holgaba en Italia gratis total.
En Castilla La Mancha se superaron a sí mismos, ya que, rizando el rizo de la indecencia social y política, exigieron de empresarios que les incluyeran como accionistas de sus compañías, sin pagar por las acciones, claro está. A cambio les aseguraban lo que dio en llamarse libertad de acción o bandolerismo empresarial; en román paladino venía a significar más de lo mismo que habíamos conocido en la década anterior: ausencia de inspectores de Trabajo y Consumo, vía libre a la economía sumergida, precarización de salarios a cambio de pluriempleo en negro, y exaltación del nepotismo para su propia gente y amiguismo para los nuevos amigos nacidos de sus poderosas relaciones con empresarios, comerciantes y hosteleros.
Se daba la circunstancia de que estos dirigentes socialistas de Diputaciones provinciales y de la propia Junta de Comunidades, aprovechaban sus frecuentes visitas a los pueblos del Común y otras comarcas para controlar sus inversiones, en forma de acciones de compañías privadas, y lo hacían a pleno sol, a la cara y sin temor alguno. El pueblo; entre sumiso y acobardado. Pepe era el mayor de los mafiosos de la extorsión político-económica.
La región transmutaba en cortijo para estos nuevos señoritos, quienes consideraban que su esfuerzo por modernizar la región, lo de los retretes y todo eso, merecía recompensa. No entendían que la misma pudiera objetivarse, siquiera plasmarse, en el orgullo y la satisfacción que produce el servicio público bien realizado; y es que no eran unos servidores públicos, sino depredadores que habían accedido a la función pública, a sus cargos políticos, para lucrarse en muchos casos, y para defender intereses espurios de empresarios amigos, que terminarían pagando el diezmo, que luego cargarían en la factura final, convenientemente actualizada.
En La Encomienda se instalaron empresas contaminantes, con el beneplácito de socialistas corruptos, a quienes se consentía recomendar trabajadores, que se convertían, una vez dentro de la empresa, en quintacolumnistas al servicio de los munícipes que les habían colocado. La modernización que preconizaban estos nuevos sátrapas pasaba por alto el cumplimiento de leyes sociales y fiscales; la ausencia de prevención en materia de riesgos laborales e higiene en el trabajo; se trataba de un tejido empresarial enfermo que reportaba beneficios a corto plazo, y que se vería hundido en pocos años, en la esperanza de que los restos del naufragio fueran adquiridos por capital transnacional, es decir por empresas multinacionales. En ese ínterin los socialistas proveerían, o lo que es lo mismo, sujetarían los balances de las empresas a base de generosas subvenciones, aunque a decir verdad los proveedores eran el resto de los españoles.
Se trataba de una solidaridad interregional mal entendida, ya que aquellos miles de millones de pesetas que enviaban las comunidades más potentes, revertían en politicastros corruptos, en unos pocos miles de trabajadores privilegiados y sus empresas, sobre todo en estas últimas; y no en el desarrollo y progreso de la región. Se comenzó a deslocalizar el dinero; los beneficios que habían generado las empresas en la década de los ‘80’, se guardaban a buen recaudo en Madrid y Sevilla, bien en forma de inmuebles o en dinero contante y sonante; no reinvertían en la región, convencidos como estaban ya entonces de que no había futuro en la misma.
Lo hemos constatado siguiendo el aguaje de La Encomienda; el dinero en Madrid y pocas o nulas inversiones. El hostal “Zagala” amenazaba ruina, después de cuarenta años en los que no se había invertido una sola peseta, el establecimiento no podría soportar una inspección, por mínima que fuese; el sistema contra incendios era inexistente, aquel edificio podía arder y ser reducido a pavesas, sin posibilidad de evacuación de las personas que moraban en él. Aunque los precios seguían siendo elevados; en definitiva, se trataba de negocios ilegales que podían generar beneficios como si de casinos se tratase.
Esta política de nula reinversión de parte de los beneficios en el propio negocio, propiciaría en los años venideros el cierre en cadena de pequeñas y medianas empresas, tanto de hostelería y manufactureras, como las de riego, automoción y servicios, con el consiguiente hundimiento del comercio, que seguía las mismas pautas de deslocalización de caudales, cuyo paradero era la capital del Reino, quien más quien menos poseían casoplones en Madrid, que en ocasiones se utilizaban de picadero, por parte del esposo, también de la esposa, incluso de los hijos y, también, saneadas cuentas corrientes, pasando a los ojos de los vecinos, creían ellos, como unos pobres de entera solemnidad y responsabilizando de su quiebra a las insaciables exigencias de sus empleados.
En “Zagala” habían hecho limpieza, los empleados, mal pagados y peor despedidos, eran sustituidos por inmigrantes de nacionalidad rumana que solo aspiraban a conseguir los papeles que les permitirían seguir camino hacia la Europa rica y pujante de los años ‘90’. Como es lógico también aspiraban ser retribuidos por su trabajo, aunque eran muy conscientes de sus limitaciones, empezando por el desconocimiento del idioma, que les hacía vulnerables, ante empresarios como los Expósito y demás caterva depredadora. Ya hablamos y expusimos al lector la secuencia de hechos, de ilícito procedimiento; el estipendio consistía en algo de dinero de bolsillo, alimentación y pernocta incluidos, amen de un certificado, expedido al año de estar trabajando en esas condiciones de esclavitud laboral, en el que constaba que trabajaban desde tal fecha en dicho establecimiento. También podían falsificar la fecha sin consecuencia alguna.
El siguiente paso había que darlo en la capital; allí, con aquel certificado de marras y cuatro papeles más, del tipo de identificación por medio de pasaporte y empadronamiento, les era expedida la preciada tarjeta de residencia, que les convertía en visibles a los ojos de la propia Administración. Con la tarjeta, ya en su poder y agradecidos a su empleador, venían obligados a cumplir el compromiso de seguir trabajando, en este caso en “Zagala”, en cualquiera de los dos hostales, aunque la norma era no mezclar las dos tribus, a fin de evitar conflictos entre los propios trabajadores inmigrantes. En Ciudad Real ellos se cuidaban muy mucho de denunciar las condiciones en que desarrollaban su trabajo, simplemente salían corriendo tarjeta en mano.
De vuelta en aquellas cutre habitaciones y reincorporados al trabajo comprobaban que se les asignaba un salario que venía a ser la tercera parte de un salario medio de la zona, sin horario, mejor dicho, con un horario mínimo de doce horas como jornada laboral; era a partir de esas doce horas cuando comenzaba lo del sin horario. Una vez ajustada aquella plantilla, mucho más barata que la correspondiente a los años ‘80’, a pesar de ser más numerosa, se imponía, con aquel ahorro en gastos de personal, emplear camareros aborígenes, bien de la propia localidad o de pueblos de la comarca, que en sus mierda-motos o simples bicicletas, deberían allegarse a los hostales para sustituir a los dueños, que ya habían decidido dejar de servir las mesas, salvo supuestos de excepcionalidad, por categoría social y económica de los clientes, a quienes servían, sabedores de que serían invitados a sentarse con ellos a la hora del café.
Salvo algunas excepciones, los camareros contratados eran enfermos, fuera por diabetes muy avanzadas, pero sobre todo alcohólicos crónicos; casi todos ellos percibían alguna prestación, por desempleo o incapacidad y los propietarios se ahorraban los costes de seguridad social, y eso que llevaban ejerciendo actividad mercantil desde hacía 40 años, tiempo en el que no se les había abierto ningún expediente. La carretera entonces, en los ’80; hoy en los ‘90’, autovía, seguía siendo fuente inagotable de clientes, eran diez millones los desplazamientos cada mes, según fuentes oficiales referidas a la autovía de Andalucía, los beneficios de estos hosteleros eran cuantiosos y opacos al fisco la mayor parte de los mismos.
Con el inicio de la década comienza la corrupción económica; ya están en marcha empresas tapadera del PSOE, recordamos las ‘Filesa’, Malesa’ y ‘Time Sport’, que no serían investigadas hasta 1995 y que llevarían a prisión a dirigentes socialistas catalanes, los cuales creían ser inmunes debido a la protección de los nacionalistas de Pujol, era sabido que los nacionalistas y aquellos socialistas se tapaban las vergüenzas. Los del PSOE fueron juzgados en 1997; Pujol se salvó porque era el sostén del gobierno minoritario de Aznar, que ya aparentaba maneras en el hotel Majestic de Barcelona, abrazado al ‘enano que no hablaba castellano’ Jordi Pujol y Soley.
Al mismo tiempo que continúa la investigación judicial sobre la guerra sucia contra la banda terrorista ETA, llevada a cabo en los ‘80’; guerra que enlodó las Instituciones del Estado, incluida la presidencia del Gobierno; Felipe se salvó de la prisión gracias a los buenos oficios de aquel juez argentino, el tal Enrique Bacigalupo, que no estuvo de acuerdo en estigmatizar al presidente del Gobierno, por crímenes de Estado, ya que, parece ser que se enteraba de los desafortunados sucesos por la prensa. Toda Europa se escandalizó al ver entrar en prisión a un Ministro del Interior acompañado de su Secretario de Estado, y al presidente del Gobierno español que les abrazaba en la puerta del centro penitenciario.
Corrupción y crímenes de Estado conducirían al derrumbe del socialismo ya mediada esta década, siempre en referencia al socialismo que gobernaba España; el socialismo populista de Castilla La Mancha y sus vecinas Extremadura y Andalucía permanecería indemne, a pesar de que su cuota parte de corrupción resultaría ser de escándalo; toda Castilla La Mancha quedó postrada y estupefacta cuando se produjo la intervención de su Caja de Ahorros, aquellos nueve mil millones de euros desaparecidos por arte de birlibirloque, una parte de los cuales estaba ya a buen recaudo en bolsillos y empresas pantallas de los socialistas, aunque la parte del león se correspondía con préstamos y subvenciones o ayudas dirigidas a mantener cautivo el voto de los castellano-manchegos; bien cierto es que estos ciudadanos estupefactos les expulsaron del gobierno dos años después de producirse la intervención.
