“Crisis constitucional” ingobernabilidad por Javier Pérez Royo CDC

Fotografía cortesía de Victor J Blanco / GTRES

Son ya tres las elecciones consecutivas en las que la síntesis política que la sociedad española hace de sí misma a través de los partidos políticos de su elección no garantiza la gobernabilidad del país. Las elecciones son representativas de la realidad del país. Pero sus resultados no permiten formar mayorías en positivo. No permiten dar cobertura a una acción de gobierno propiamente dicha. Son ya tres las elecciones consecutivas en las que la síntesis política que la sociedad española hace de sí misma a través de los partidos políticos de su elección no garantiza la gobernabilidad del país. Las elecciones son representativas de la realidad del país. Pero sus resultados no permiten formar mayorías en positivo. No permiten dar cobertura a una acción de gobierno propiamente dicha 

En 1996 José María Aznar fue investido presidente del Gobierno a partir de una mayoría relativa de 156 escaños. Necesitó los escaños de CiU (16) y del PNV (5) para obtener la mayoría absoluta. Ha sido la mayoría relativa más reducida que ha posibilitado la formación de un Gobierno con base en una investidura “de verdad”. Cuando la mayoría relativa ha estado por encima de esos 156 escaños, que es lo que ha ocurrido en todas las legislaturas constitucionales desde la primera de 1979 hasta la undécima de 2011, la formación de gobierno no ha planteado problemas dignos de mención. Cuando la mayoría relativa ha bajado de ese umbral, la formación de gobierno o no ha sido posible o ha sido resultado de una “falsa investidura”. 

Así ocurrió tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. El PP obtuvo 123 escaños y el candidato por dicho partido, Mariano Rajoy, no aceptó el encargo del Rey para intentar ser investido presidente del Gobierno. Pedro Sánchez sí aceptó el encargo e intentó formar un Gobierno con Ciudadanos, pero tropezó con la mayoría negativa constituida por PP y Podemos. El resultado fue la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones en las que el PP obtuvo una mayoría relativa de 137 escaños. 

En esta ocasión Mariano Rajoy sí aceptó el encargo del Rey y acabó siendo investido presidente, pero, para que pudiera serlo, fue preciso la abstención del PSOE, cuyo Secretario General dimitió y abandonó el escaño en el Congreso de los Diputados. Fue, en consecuencia, una investidura en cierta medida fraudulenta. Hubo mayoría de investidura, pero no mayoría de gobierno. La mayoría en el Congreso de los Diputados era una mayoría negativa respecto del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque no se hubiera manifestado como tal en la investidura. 

Buena prueba de ello sería el éxito de la moción de censura con Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. La mayoría negativa tuvo que expresarse en positivo porque así lo exige el artículo 113 de la Constitución. En lo que tenía de mayoría negativa contra Mariano Rajoy, lo era de verdad. En lo que tenía de mayoría positiva respecto de Pedro Sánchez no se puede decir lo mismo. Esa mayoría de la moción de censura no habría podido expresarse como mayoría de investidura. De haber sido así, se habría producido al comienzo de la legislatura. 

Tras las elecciones del 28A nos encontramos en una situación que es distinta, sin lugar a dudas, de la resultante de las elecciones generales de 2015 y 2016, pero en la que el problema de fondo de la no existencia de una mayoría de investidura “de verdad” sigue estando presente. Es verdad que, en el caso de que Pedro Sánchez fuera investido presidente de cualquier forma que lo fuera, no existiría en el Congreso de los Diputados una mayoría para la moción de censura, como sí la hubo frente a Mariano Rajoy, pero no lo es menos que la configuración de una verdadera mayoría de investidura en positivo, que pudiera operar a lo largo de la legislatura como mayoría de gobierno, no se vislumbra con claridad. 

Son ya tres las elecciones consecutivas en las que la síntesis política que la sociedad española hace de sí misma a través de los partidos políticos de su elección no garantiza la gobernabilidad del país. Las elecciones son representativas de la realidad del país. Pero sus resultados no permiten formar mayorías en positivo. No permiten dar cobertura a una acción de gobierno propiamente dicha. 

La acción de gobierno en una democracia parlamentaria se expresa a través de la potestad legislativa y la potestad presupuestaria. Desde las elecciones de 2015 la potestad legislativa parlamentaria ha sido sustituida por la potestad legislativa gubernamental, Decreto-ley en lugar de la Ley, y apenas se ha ejercido la potestad presupuestaria y siempre desvinculada del ciclo temporal para el ejercicio de la misma prevista en la Constitución. Como consecuencia del no ejercicio de ambas potestades, no ha habido propiamente control de la acción de gobierno, aunque sí mucho ruido. 

¿Se puede revertir esta situación? La investidura es un problema, porque en el supuesto de que no se produjera y hubiera que repetir elecciones, nos estaríamos deslizando por una pendiente muy peligrosa. Pero con la investidura exclusivamente no vamos a salir de la crisis constitucional en que estamos inmersos. El sistema político diseñado en la Constitución de 1978 no garantiza la gobernabilidad del país.