Javier Pérez Royo
Catedrático Derecho Constitucional
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| El rey Felipe VI en la cumbre mundial de Davos 2018. |
El rey no puede ocupar el lugar que corresponde al presidente del Gobierno
Una magistratura hereditaria y otra democráticamente legitimada no son intercambiables. Puede imaginarse alguien que, en lugar de Theresa May, fuera la reina Isabel II la que acudiera a la cumbre de Davos, se entrevistara con Donal Trump o Emmanuel Macron, asistiera a la mesa redonda sobre la desigualdad como problema definitorio de nuestra época y acabara dando una conferencia en el Plenario de la cumbre sobre “El futuro de Gran Bretaña y la Unión Europea tras el Brexit”. A nadie le costaría imaginarse que el príncipe heredero de Arabia Saudí acudiera a Davos con la finalidad de explicar la reforma que está intentando poner en marcha en su país, de la misma manera que a nadie sorprende que esté presente el rey Abdalá de Jordania.
Papel del rey en un Estado Social y Democrático de Derecho
Pero ¿qué hace el rey de un “Estado social y democrático de derecho”, en el que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, en una cumbre como la de Davos, entrevistándose con el presidente de Francia y pronunciando una conferencia en el Plenario sobre “presente y futuro de España y Europa”?
¿Qué imagen queremos proyectar ante el mundo? ¿La de una monarquía parlamentaria europea o la de una monarquía árabe? Porque, insisto, no hay ninguna monarquía Parlamentaria europea en la que el rey pudiera ocupar el lugar del primer ministro en ese foro. De la misma manera que no habría ninguna monarquía árabe en la que no ocurriera lo contrario.
La presencia del rey Felipe VI en Davos supone una devaluación del principio de legitimación democrática, cuyo lugar es ocupado por un principio de legitimación dinástica hereditario, que es el que la Constitución le atribuye al rey en el artículo 57.1: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica”. Es la única ocasión en que la Constitución utiliza el concepto de legitimidad para referirse al rey. El único. Y lo utiliza para esto y nada más que para esto. No debe haber confusión alguna al respecto.
El rey no puede ocupar el lugar que corresponde al presidente del Gobierno. Una magistratura hereditaria y otra democráticamente legitimada no son intercambiables. Isabel II, por la información de que disponemos, es una reina que está muy al día de los asuntos de Estado y nadie discutiría que podría participar en la cumbre de Davos sin desentonar, pero a nadie se le pasa por la cabeza que eso pudiera ocurrir.
La Constitución, ha dicho Felipe VI en Davos, no es un adorno. Y precisamente porque no es un adorno, él no debía estar en la cumbre participando de la forma en que lo está haciendo. El principio de legitimidad democrática no admite excepciones. En este terreno la excepción no confirma la regla, sino que es siempre contravención de la regla.
Obviamente la responsabilidad de estar en Davos no es suya, sino del presidente del Gobierno, que es quien tiene que haber autorizado su presencia. ¿Cómo es posible que a un presidente del Gobierno que se ha presentado como defensor de la “soberanía nacional” en estos últimos años, permita que alguien que ni es ni puede ser portador de dicha “soberanía nacional” hable en un foro internacional como si lo fuera? ¿O es que Mariano Rajoy considera que el rey es el portador de dicha soberanía o que no está sometido a la Constitución?
No se puede tolerar que se anteponga el principio monárquico al principio de legitimación democrática. El principio monárquico no es un principio de legitimidad en el Estado democrático de derecho. Es solamente un principio de legitimidad para “la sucesión en el trono” (art. 57.1 CE), pero para nada más.
Creo que los partidos de la oposición no solamente tendrían la obligación de preguntar al presidente del Gobierno por esta asistencia del rey a la cumbre de Davos, sino que deberían exigir la celebración de un Pleno en el Congreso de los Diputados, a fin de que, tras el debate correspondiente, se fijara una posición clara e inequívoca de lo que el rey puede o no puede hacer y que no tuviéramos que volver a pasar por la vergüenza del que la monarquía española se exhibe públicamente como lo hacen las monarquías árabes.
Dada la trayectoria de la monarquía española a lo largo de toda nuestra historia constitucional, sería de suma importancia que el debate se hiciera lo más pronto posible. Las derivas antidemocráticas hay que cortarlas de raíz. La vuelta a las andadas ya sabemos a donde conduce.
