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| Jaume Alonso Cuevillas y Gonzalo Boye, dos de los abogados del Procés catalán. |
No hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio. La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos. Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.
Lo que está sucediendo en España es grave y, día a día, nos aleja más del entorno en que se presume España tiene que moverse en el marco de la Unión Europea pero, especial y específicamente, dentro de los límites que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por eso, y desde una perspectiva jurídica, el caso catalán está tensionando, quizás hasta límites hasta ahora desconocidos desde la Transición, las costuras de un modelo que presenta serias disfunciones.
Hemos enfocado esta defensa como un litigio estratégico o pleito en el que, a través de un concreto caso, se pretende cambiar una determinada realidad mediante el uso de los instrumentos jurídicos existentes. El caso catalán, sin duda, es un litigio estratégico a través del cual se puede y debe cuestionar, para modificar, una serie de problemas estructurales o sistémicos que se han puesto de manifiesto a partir de la forma en que se reprimieron las legítimas y pacíficas manifestaciones del 1-O de 2017.
Todo estado democrático está obligado, por definición, a tolerar que los ciudadanos cuestionen desde la forma de acceso a la jefatura del estado hasta los límites y extensión territorial del mismo; igualmente, todo estado democrático ha de tolerar, por definición, que los ciudadanos se reúnan, manifiesten, protesten y opinen de todo aquello que consideren oportuno y, en caso de existir algún exceso que conlleve actos violentos, estos habrán de ser reprochados de forma individualizada y proporcionada sin que se exacerbe el Derecho ni se retuerzan las normas para hacer parecer como actos de rebelión o de sedición aquello que no es más que libertad de expresión, reunión y manifestación.
Por sorprendente que parezca, dentro del ámbito europeo, el caso catalán, entre otras cosas, está poniendo de manifiesto algunas de las más graves disfunciones del sistema jurídico-político español donde estamos viendo cómo un poder del Estado, o sus más altas magistraturas, carecen de cualquier tipo de contrapeso ('checks and balances') que pueda impedir que ese concreto poder sea impune, irresponsable e inviolable en el sentido de no podérsele exigir responsabilidad alguna y que, además, termine invadiendo esferas que le son impropias para de esa forma y cargándose la separación de poderes, llegar incluso a condicionar la vida y actividad política no ya de Catalunya sino, también, de España.
Las altas magistraturas judiciales en España, en función de su estructura legal, carecen de cualquier contrapeso que permita, externamente, impedir excesos y abusos y esto no solo es peligroso sino que, además, es impropio de una auténtica democracia.
Enfrentarse a esta situación, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que me ha sido encomendado por diversos ciudadanos, muchos de ellos políticos catalanes, no puede ni debe conllevar el verme sistemáticamente cuestionado y atacado, de forma virulenta, por quienes dicen defender el orden constitucional y que dicho cuestionamiento se base en los casos y personas que defiendo. Una errónea concepción de lo que es un estado democrático y de derecho lleva a confundir al defensor con el defendido cuando los abogados no defendemos personas sino derechos... sí, los derechos de determinadas personas pero a través de esas personas estamos defendiendo los derechos de todos, incluidos los de aquellos a los que tanto molesta que defendamos a unos concretos políticos catalanes.
El orden constitucional y las leyes no pueden ni deben ser interpretadas a la luz del artículo 2 de la Constitución (ese que habla de “... la indisoluble unidad de la nación española”) sino que ha de hacerse a través del prisma de los Derechos fundamentales reconocidos en igual texto y del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque así es como se debe hacer si queremos mantenernos en el ámbito democrático.
Los ataques a los abogados, en esta ocasión me ha tocado a mí pero le podría tocar a cualquier otro que defienda esta u otra causa incómoda para el poder, no son más que ataques a los pilares fundamentales de cualquier estado democrático y de derecho y reflejan que los auténticos antisistema no somos los que con mayor o menor acierto defendemos los intereses que se nos han encomendado sino aquellos que, abusando de la posición institucional que ocupan, avanzan a paso firme hacia la destrucción de los pilares esenciales de un estado democrático y de derecho.
La democracia es mucho más que votar cada tantos años y solo en situaciones de crisis es posible evaluar si un determinado estado es auténticamente democrático o, por el contrario, lo es en lo formal, en apariencia. En el caso de los políticos catalanes está quedando en evidencia que para salvaguardar la sacrosanta e indisoluble unidad de la nación española están dispuestos a sacrificar no solo el derecho al juez imparcial o el derecho al proceso debido sino, también, el derecho de defensa y arrastrarnos, irremediablemente, hacia una clara destrucción del Estado democrático y de derecho.
Quienes defendemos, con todos los instrumentos legales propios de un Estado democrático y de derecho, sólo estamos apostando por mantenernos en un marco de respeto de las garantías y derechos fundamentales y, sin duda, quienes nos están atacando lo hacen porque no les importan ni derechos ni libertades sino única y exclusivamente un estado de situación en el que se sienten cómodos... no hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio.
Como abogado defiendo el derecho de defensa que es patrimonio de todo ser humano y sólo los auténticos antisistema pueden pensar que el derecho de defensa es patrimonio de unos pocos y, peor aún, que sean las altas magistraturas las que puedan decidir quién es digno de ser defendido, por quién debe serlo y cómo ha de serlo. Mi compromiso con los derechos fundamentales es inalterable y ni antes ni ahora me van a intimidar.
