Carlos Elordi
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| El gesto de M. Rajoy y el ministro de Interior Fernández Díaz es suficientemente elocuente. |
La trama policial es un crimen contra la democracia y su estabilidad que en algunos de sus extremos seguramente ya es irreparable. Es imposible que su titular en el momento de los hechos, Fernández Díaz, haya urdido esas operaciones sin permiso del presidente, Mariano Rajoy. La trama solo tiene sentido si fue organizada y amparada desde la Moncloa. Pero es bastante probable que nada de eso salga a la luz si el 28 de abril gana la derecha. Es un escándalo mucho más grave que la Gürtel y que cualquier otro episodio de corrupción. Porque estos, a la postre, eran robos de dinero público que se llevaban a cabo con la participación y para beneficio de dirigentes políticos, casi siempre del PP. Y aunque ese tráfico también implicaba la comisión de otros muchos delitos, lo de la trama policial va mucho más allá. Es un crimen contra la democracia y su estabilidad que en algunos de sus extremos seguramente ya es irreparable. Lo primero que viene a la mente cuando se empiezan a conocer sus detalles es la exigencia tanto de un castigo implacable y ejemplar como de una reforma sin contemplaciones de los aparatos del estado que lo han hecho posible. Lo segundo son muchas preguntas. Todas ellas inquietantes.
La primera y más acuciante es dónde terminará este escándalo si gana la derecha. Las respuestas evasivas, por no decir cínicas, que hasta ahora han dado a la prensa los dirigentes del PP no permite ser muy optimista. Porque está claro que si las investigaciones judiciales avanzan, y cabe suponer que así ocurrirá, aunque a su ritmo, saldrán a la luz los nombres de los cargos políticos que ordenaron esas prácticas. Y los que ya se sospechan son todos antiguos dirigentes máximos del PP y del gobierno de Rajoy, con este mismo a la cabeza. La lógica hace pensar que un Pablo Casado presidente del Ejecutivo no moverá un dedo, sino todo lo contrario, para facilitar la eventual acción de la justicia contra ellos. Es muy probable que Rajoy y su sucesor lo hayan acordado hace meses.
Ocho supercomisarios, un ministro de Interior y el Presidente M. Rajoy: ¡encadenados!
Es imposible que hasta ocho comisarios del más alto rango, y no solo Villarejo, hayan participado en esa trama sin conocimiento y autorización, o a requerimiento, de los máximos responsables del Ministerio del Interior. Es también imposible que su titular en el momento de los hechos, Fernández Díaz, haya urdido esas operaciones sin permiso del presidente, Mariano Rajoy. Porque esos policías se dedicaron a hundir la imagen de Podemos y de Pablo Iglesias, a hacer lo mismo con los dirigentes del procés antes de que este estallara en 2017 y también a tratar de robar a Luis Bárcenas los documentos que podían comprometer a la dirección del PP. Es decir, cosas que todas y cada una de ellas servían a los intereses de Mariano Rajoy. La trama policial solo tiene sentido si fue organizada y amparada desde la Moncloa. Cuando menos en su diseño general.
Esperan un triunfo de la gran derecha para dar carpetazo a semejante escándalo bananero
Pero es bastante probable que nada de eso salga a la luz si el 28 de abril gana la derecha. A lo largo de los muchos años que ha durado el procedimiento sobre Gürtel se ha visto como el poder puede dificultar, y hasta anular, la acción de la Justicia. Por si hacía falta algún elemento adicional para repetir la experiencia, Carlos Lesmes sigue siendo el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, aunque cada semana aparecen elementos de como este personaje utiliza su cargo a favor de la derecha y de los poderosos. Y la renovación de ese Consejo no está en casi ningún programa electoral. Como el PSOE no quiso pedir su cabeza, Lesmes salió indemne de la crisis de las hipotecas en el Tribunal Supremo. Y va a seguir ahí un buen tiempo.
El hecho de que el juez ha tardado casi un año en iniciar los interrogatorios sobre la actuación de la trama policial contra Pablo Iglesias tampoco alienta al optimismo. El que desde hace tiempo no haya noticias, y las pocas que ha habido son malas, en torno a la investigación sobre la actuación de la trama, y del ministro Fernández Díaz, contra los dirigentes independentistas catalanes, tampoco. Y el sumario sobre la Kitchen, la guerra sucia contra Bárcenas, va despacio, muy despacio.
Otro episodio inquietante es el de los dos rechazos que el PP y el PSOE junto a Ciudadanos propinaron a la petición de que Villarejo compareciera en una comisión de investigación del Congreso destinada a aclarar al menos una parte de todo el escándalo. Se adujo entonces, por supuesto que no en público, que Villarejo había trabajado intensamente para los gobiernos de Zapatero, que los socialistas le debían favores importantes y, sobre todo, que no podían exponerse a que el hoy excomisario se enfadara con ellos y contara cosas inconvenientes.
¿Pedro Sánchez y los suyos siguen teniendo esos temores? ¿Cabe esperar que un PSOE de nuevo en el gobierno aborde con decisión una acción para aclarar la trama policial y para tomar las medidas que serían necesarias para que algo parecido se repita?
La declaración del actual ministro del Interior, Grande-Marlaska, en el sentido de que sería preciso indagar sobre las responsabilidades políticas que habría detrás de la trama policial, daría alas a la esperanza. Pero el hecho de que hasta finales de abril la escena política vaya a estar dominada por la campaña electoral redimensiona ese sentimiento.
Porque cabe dudar de que el impacto de la revelación del escándalo dure demasiado. Y puede que dentro de unos días deje de hablarse de ello. Seguramente Podemos no va a bajar la guardia. No solo porque le conviene electoralmente sino porque lo que han tratado de hacer con ese partido y con su líder –que seguramente es más gordo de lo que hasta ahora se sabe– no se puede olvidar ni cambalachear con favores políticos.
Pedro Sánchez tiene ante sí un reto de grandes dimensiones; mucha vela para poco casco
Pero, ¿y el PSOE? Entrar a fondo en la cuestión es un reto de grandes dimensiones para Pedro Sánchez y los suyos. No solo porque podría porque podría poner en cuestión una parte de su pasado reciente, sino porque también le obligaría a exigir sin ambages responsabilidades al PP y a propiciar una limpieza de los niveles más altos del aparato del Estado que podría ser traumática también para el gobierno.
Pedro Sánchez tiene ante sí ese reto. Que la Policía funcione al servicio de intereses espurios y claramente antidemocráticos es de lo peor que le puede pasar a un país. Si los estratos más altos de la Justicia están aquejados de problemas similares el asunto empieza a adquirir dimensiones dramáticas.
Es cierto que una campaña electoral, con un gobierno en funciones, no es el mejor momento para abordar las tareas que serían necesarias para revertir esa situación. Pero un gobierno presidido por Pedro Sánchez no podría eludir esa responsabilidad. Y aún más: en sus negociaciones para recabar los apoyos que necesite para ser investido y luego para gobernar, la necesidad de hacer frente a ese reto y la manera de afrontarlo deberían figurar como punto imprescindible.
