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| "Siete jueces injustos" (AD) |
La cobardía del Tribunal Supremo es inaudita. Escurrir el bulto, en lugar de dar la cara, es lo peor que puede hacer un órgano que quiera ser respetado. No puede transferir su responsabilidad a nadie. También así se atenta contra la división de poderes. La decisión que ha adoptado el Tribunal Supremo no es una decisión jurisdiccional, sino una decisión política. El miércoles 8 de mayo, el que fuera Letrado Mayor del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, publicó en Agenda Pública un artículo con el título: "La inmunidad parlamentaria irrumpe en el juicio del "caso procés", en el que, tras analizar detenidamente la legislación aplicable, llegaba a la conclusión de que "los representantes electos el pasado 28 de abril afectados por el juicio del "caso procés" gozan de inmunidad desde el momento de su proclamación como electos, lo que obligaría a suspender el juicio contra ellos mientras las cámaras no resolvieran el suplicatorio que, necesariamente, debiera pedir el Tribunal Supremo para continuar el procedimiento". En el último párrafo del artículo advertía de, gustara o no gustara, eso es lo que se desprende de la Ley: "La Justicia española debería andar con pies de plomo para evitar errores en una cuestión tan delicada como esta. El Estado de Derecho no puede permitirse ninguno más como el que nos ha obsequiado recientemente la Junta Electoral Central", en clara referencia a la exclusión de Puigdemont de la lista a las elecciones al Parlamento Europeo.
