Manuel Marchena es el hombre que esta semana se ha permitido doblar el pulso a la presidencia del Congreso y el que dentro de poco, con su sentencia, puede decidir el devenir político del país. Si los líderes independentistas, y particularmente los más proclives a un diálogo con el gobierno central, son condenados sin contemplaciones, cualquier posibilidad de entendimiento entre Madrid y el independentismo quedaría seriamente cercenada. Si se les preguntara en privado, es muy probable que la mayoría de los miembros de las nuevas cámaras dijeran que no está de acuerdo con que cuatro diputados y un senador, los catalanes del procés, estén en prisión. La simpatía, incluso el afecto, con que muchos de ellos los acogieron en la sesión constitutiva de Las Cortes -no pocos se empujaban para poderles dar la mano- abre el camino a esa hipótesis. Pero la opinión de los representantes de la ciudadanía no cuenta en este asunto. Ahí quien manda es Manuel Marchena, el presidente de la sala que los está juzgando. El hombre que esta semana se ha permitido doblar el pulso a la presidencia del Congreso y el que dentro de poco, con su sentencia, puede decidir el devenir político del país.
Observando desde la distancia el vaivén de los acontecimientos de estos últimos cuatro días se descubre una lógica interna entre todos ellos. Se puede colegir que la negativa del Tribunal Supremo a ordenar la suspensión de los parlamentarios independentistas fue el acto que desencadenó la terrible ofensiva de las derechas contra la nueva presidenta del Congreso, tratando de ahogarla, incluso de obligarla a dimitir, casi antes de que hubiera abierto la boca. Hasta el punto de que se podía pensar que esa secuela de acciones y reacciones estaba previamente pensada.
