El pilar sobre el que se sustenta cualquier democracia se encuentra secuestrado en nuestro país; el Gobierno confunde su función con la correspondiente a su propio partido (los viernes de la millonaria Celaá son breves sainetes) y 'engrasa' con ayudas cuantiosas (procedentes de la publicidad institucional) a los medios de comunicación que le son afines, también (en algunos casos) a través de los fondos reservados; el poder judicial 'desprecia' la libertad de expresión y actúa con la más absoluta impunidad.
España admite una interpretación de las leyes más laxa que el resto de países UE
