En la instrucción ya empezó a verse que no era fácil encajar las conductas de los querellados en el tipo penal de la rebelión. Ni la orden de detención y entrega dictada por la jueza Carmen Lamela ni la dictada por el juez Pablo Llarena tuvo capacidad persuasiva de ningún tipo. El tribunal alemán tomó la decisión como algo que resultaba tan evidente, que caía tan por su propio peso, que prácticamente lo que hizo fue no admitirla a trámite. Estoy completamente convencido de que los magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo que están juzgando a los exconsellers, a la expresidenta del Parlament y a los presidentes de ANC y Òmnium, tras la experiencia de estas tres primeras semanas de juicio, están arrepentidos de no se haya aprovechado la oportunidad que proporcionó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, para haber dado una respuesta jurídicamente impecable al problema con el que tenían que enfrentarse.
