La puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución es un error mayúsculo y de consecuencias imprevisibles. Y es un error, fundamentalmente, porque supone renunciar a buscar una solución política dialogada y acordada a la cuestión política más grave que tiene planteado el Estado español desde la reinstauración de la democracia, después de la muerte de Franco. La aplicación del artículo 155 va implicar, necesariamente, el uso de la fuerza del Estado para garantizar su cumplimiento ante la más que previsible resistencia pacífica de la ciudadanía a su efectiva aplicación.
